Agentes de la Policía Nacional detuvieron en Salamanca a tres individuos como presuntos autores de varios delitos de estafa, contra los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos extranjeros, y asociación ilícita, por estafar a más de 200 inmigrantes a quienes prometían la regularización de su situación.
Según informaron fuentes de la Policía Nacional en un comunicado de prensa recogido por Europa Press, los inmigrantes, más de dos centenares y en su mayoría de origen marroquí, pagaban hasta 4.000 euros para obtener permisos de residencia y trabajo en España.
Los arrestados presentaban las supuestas ofertas de trabajo a través de una sociedad cooperativa ficticia con sede en Salamanca. Estas solicitudes eran finalmente rechazadas por la administración denegándose las documentaciones solicitadas.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada por un ciudadano marroquí, en la Comisaría Provincial de Ávila, en la que daba cuenta de la presencia de un grupo que se ofrecía para regularizar a ciudadanos extranjeros mediante la presentación de solicitudes de trabajo falsas. Finalmente los permisos de residencia y trabajo no se concedían por deficiencias en las ofertas de trabajo vinculadas al comercio ambulante.
Las investigaciones policiales determinaron que las ofertas de trabajo se presentaban a través de una sociedad cooperativa dedicada al comercio ambulante, con sede en Salamanca y presidida por un ciudadano español. Además se averiguó que esta persona contaba con el apoyo de varios individuos para la «captación de clientes» tanto en sus países de origen como en territorio español. Las solicitudes presentadas en otras provincias por este grupo eran inviables y simplemente las tramitaban para justificarse ante las víctimas.
Según el comunicado, para dar credibilidad a la gestión de la cooperativa, los detenidos habían fijado falsos domicilios sociales situados en viviendas alquiladas o locales vacíos, repartidos por diversos puntos de la geografía española.
Para evitar levantar sospechas ante el elevado número de solicitudes, presentaban las ofertas de trabajo en distintas subdelegaciones y delegaciones del Gobierno de toda España. Los agentes detectaron más de doscientos requerimientos de este tipo repartidos entre las provincias de Ávila, Cáceres, Madrid, Toledo, Salamanca y Zamora.
La operación fue realizada por agentes de la Unidad Central Contra las Redes de Inmigración y Falsedades documentales de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.
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