Los sindicatos CCOO, UGT, CSI-CSIF, Anpe y Stepv-Iv se concentrarán mañana a las 12.30 horas, ante las puertas de la Conselleria de Educación en protesta por los «incumplimientos» de este departamento en materia de salud laboral, según informaron fuentes sindicales en un comunicado.
Las organizaciones, representantes de los trabajadores de la enseñanza pública en el Comité de Seguridad y Salud Laboral de la Enseñanza Pública No Universitaria, exigen la aplicación de la Orden de 31 de enero de 1995, de la Conselleria de Educación y Ciencia, sobre autoprotección de centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial, dependientes de la Generalitat Valenciana.
Esta demanda de aplicación de esta normativa está motivada porque, en la Secretaría del Comité de Seguridad y Salud Laboral, «consta una comunicación oficial de la Dirección Territorial de Educación de Valencia, donde se dice que, a fecha 1 de diciembre de 2006, no consta en la Dirección territorial de Valencia ningún Plan de Autoprotección aprobado», explicaron las mismas fuentes.
Asimismo, los sindicatos lamentan que no se contempla en las órdenes de comienzo de curso la figura de Coordinador de Salud Laboral de centro, un elemento que consideran «clave» para que todos los centros educativos tengan un Plan de Emergencia y de Evacuación.
Los entidades sindicales exigen la aplicación del artículo 39.2.b) de la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. Al respecto, indicaron que, «a estas alturas, la Dirección territorial de Educación no ha entregado una información requerida por el Comité», que pidió saber qué centros públicos docentes de la provincia de Valencia tenían el Plan de Autoprotección aprobado a fecha 1 de enero del 2008.
Además, critican la «carencia» de planificación en la vigilancia de la salud de los docentes valencianos, así como en la formación e información sobre seguridad y salud laboral a los trabajadores de la enseñanza.
Del mismo modo, los sindicatos lamentan que no se haya publicado un decreto en el que se regule la adaptación de los puestos de trabajo para los docentes que lo necesitan por razones de salud. También critican que el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales está «incompleto».
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