La junta provincial de jueces de Valencia acordó esta tarde –por 122 votos a favor y 11 en contra–, instar a las asociaciones judiciales para que ultimen el proceso negociador iniciado hasta que tengan «plena satisfacción» todas y cada una de las reivindicaciones formuladas en su día que motivaron la huelga de 18 de febrero, manteniendo las medidas de presión, incluida la huelga anunciada para el día 26 de junio de 2009. En otro caso, la junta valorará en el mes de septiembre si procede adoptar tales medidas de presión, incluido el ejercicio del derecho de huelga.
Tras la junta, el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, manifestó que «los jueces y magistrados de Valencia han votado, por abrumadora mayoría, la opción más contundente, consistente en mantener los actos de protesta y la huelga del 26 de junio», según informó ayer en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Pedro Viguer indicó que en las negociaciones «hay un nuevo talante, un cambio de actitud evidente, más permeabilidad a las propuestas que formulamos, a las sugerencias que realizamos desde los decanatos, sobre todo en materia de ligitiosidad, agilización de procedimientos y limitación de los recursos». Sin embargo, aunque ha reconocido que el carácter es «completamente distinto», apuntó que «de todas las reivindicaciones formuladas, sólo se han conseguido meros flecos, pero las esenciales siguen si ser atendidas».
Viguer lamentó que se siga ofreciendo continuar convocando oposiciones anuales de 250 jueces en lugar de 150 y sin decir durante cuantos años. En cuanto a los presupuestos generales del Estado, criticó que el Ministerio «no sabe, no contesta».
En lo referente a la carga de trabajo, señaló que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) está elaborando unos nuevos módulos para determinar «la carga de trabajo razonable en cada juzgado». No obstante, añadió que «no basta con eso, sino que hay que conseguir que se creen un número de juzgados suficiente para que, por una simple operación aritmética, determinemos cuál es la carga con la que debe trabajar cada juzgado y que no se quede en un simple informe. De esto aún no hemos conseguido nada».
Asimismo, anunció que hay prevista una reunión entre el equipo del Ministerio de Justicia y las asociaciones judiciales el 8 de junio y otra el 16 de junio, además de una tercera el 22 de septiembre para valorar el resultado las negociaciones.
CARENCIAS DEL SISTEMA
Los jueces y magistrados de la provincia de Valencia pusieron ayer de manifiesto que las «carencias estructurales» del sistema de justicia, a las que se suma el «extraordinario» incremento de la ligitiosidad fruto de la actual coyuntura económica, han situado a la gran mayoría de los juzgados y tribunales españoles en una situación de «sobrecarga que amenaza con comprometer la tutela judicial efectiva constitucionalmente proclamada».
Consideran que «hoy por hoy, la situación de los órganos judiciales no solo no ha mejorado sino que ha empeorado desde la histórica huelga del pasado día 18 de febrero de 2009, y se deteriora de forma alarmante día a día, sin que en el quehacer cotidiano de los juzgados y tribunales se haya constatado ningún avance efectivo más allá de actuaciones aisladas y excepcionales de refuerzo meramente coyunturales, y por ello escasamente significativas».
Del mismo modo, entienden que «nada se ha conseguido en cuanto a los tres pilares esenciales de las reivindicaciones formuladas por los jueces y magistrados: aumento del número de jueces al nivel europeo, limitación de la carga de trabajo e incremento sustancial de las inversiones en justicia hasta alcanzar el 3 por ciento de los presupuestos generales del estado».
Los jueces entienden que «la gravedad de la situación demanda que, más allá de plausibles actitudes negociadoras e iniciativas puntuales, se acometan medidas definitivas en orden a incrementar en número de jueces para aproximarnos a la ratio europea». Además, consideran necesario que «se establezca para cada órgano judicial una carga de trabajo razonable y asumible, sin perjuicio de actuaciones urgentes e inmediatas de refuerzo ante la sobrecarga actual de asuntos, y de otras medidas tendentes a la reducción de la ligitiosidad y la simplificación de los procedimientos».
Finalmente, ponen de manifiesto «la necesidad de garantizar la sostenibilidad económica de las reformas y programas de modernización anunciados, lo que demanda tanto compromisos formales de incremento sustancial del presupuesto de justicia, como acuerdos y pactos de todas las fuerzas parlamentarias que formalicen la prioridad y viabilidad de la reforma integral del sistema de justicia español».
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