La Inspección remitió 11 actas a la Fiscalía de enero a marzo para que investigase posibles indicios de delito laboral

La Inspección de Trabajo de Castilla-La Mancha ha remitido 11 actas a la Fiscalía en los tres primeros meses de 2009 para que investigase posibles indicios de delitos contra los derechos de los trabajadores o el incumplimiento de normas de prevención de riesgos.

Así lo avanzó la consejera de Trabajo y Empleo, María Luz Rodríguez, que comentó que en 2008 fueron 24 las actas de la Inspección remitidas a la Fiscalía, tal y como se ha conocido en las distintas Comisiones de Salud y Seguridad en el Trabajo.

Rodríguez realizó estas afirmaciones antes de reunirse con los fiscales especializados en materia de siniestralidad laboral de la región e inspectores de trabajo, con el objetivo de coordinar las actuaciones derivadas del protocolo firmado en marzo de 2007 entre el Fiscal General del Estado, que supone un trabajo conjunto de la Fiscalía, la Inspección y la Consejería.

Recordó que en algunos accidentes de trabajo las actas de la Inspección se remiten directamente a la Fiscalía y, en ese momento, «es habitual que desde la Consejería se paralicen las sanciones administrativas a la espera de ver si hay o no indicios de delitos».

«Ese trabajo conjunto es el que tenemos que ajustar muy bien en los tiempos, para ver cuáles son las personas que pueden resultar imputadas y hacer más ágil el trabajo de Inspección y Fiscalía», agregó la consejera de Trabajo y Empleo.

Por su parte, el coordinador de fiscales de siniestralidad laboral de Castilla-La Mancha, Ramón Sánchez, insistió en la «coordinación perfecta» que existe entre las tres parte pero que «se hace necesario intensificar» aunque el balance «es bueno», como demuestra la «profusión» de actas que se remiten desde la autoridad laboral a la Fiscalía que «está incoando un número mayor de procedimientos en este orden».

DILACIÓN

Preguntado por los medios, Sánchez reconoció que el tiempo transcurrido entre que se produce una infracción de este tipo hasta que se resuelve es «dilatado» en tanto que estos son «procedimientos complejos, que conllevan la práctica de diligencias muy importantes, y se dilatan en el tiempo».

Sin embargo, agregó, existen unos «cauces de impulso» por parte de la Fiscalía mediante la presencia activa del fiscal impulsando el procedimiento en todos sus órdenes, para conseguir una justicia «eficaz y rápida» pues «si no conseguimos una justicia rápida y eficaz no haremos justicia».

Actualmente, en Castilla-La Mancha existen diez fiscales encargados de siniestralidad laboral, dos por cada una de las provincias de la región.

ACCIDENTES LABORALES

En este contexto, la consejera de Trabajo y Empleo recordó que el Gobierno de Castilla-La Mancha «ni ha bajado ni va a bajar la guardia» en materia de siniestralidad y que seguirá teniendo una actividad «intensa y muy exhaustiva» en el control, por parte de las empresas, de las normas de prevención de riesgos laborales.

Así, recordó que son más de 2.000 empresas de la Comunidad Autónoma están sometidas a un «control riguroso» de las normas laborales, y más de 4.000 –el 40 por ciento de las 15.000 empresas que declaran accidentes de trabajo– las obras que están sometidas por parte de la Inspección y de los técnicos de Inspección de la Consejería a ese control.

También resaltó Rodríguez que las 4.500 actuaciones realizadas por la Inspección en el primer trimestre del año han supuesto sanciones por un valor superior a 1.500.000 euros, y que Castilla-La Mancha, desde abril de 2008 a marzo 2009, ha sido la tercera región que más ha rebajado sus tasas de siniestralidad y la primera en reducción del número de accidentes de trabajo mortales, en casi un 39 por ciento.