La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas aprobó ayer por unanimidad una propuesta de resolución al informe por del Tribunal de Cuentas sobre las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social que insta al Gobierno a establecer límites en los Presupuestos Generales del Estado en las políticas de personal y el régimen de los directivos de estas entidades.
En este informe, el organismo fiscalizador denuncia que los salarios de los directivos, en algún caso, superan los 290.000 euros al año y revela que estas entidades sin ánimo de lucro han cargado gastos indebidos que no puede asumir la Seguridad Social o que no están suficientemente justificados por un valor de 14,9 millones de euros.
El texto aprobado ayer, que el PSOE pactó con PP y CiU, plantea que el régimen de incompatibilidades del personal directivo de las mutas se atenga a los «principios inspiradores» de la Ley de Regulación de Conflictos de Intereses, si bien recuerda la «peculiaridad» que presentan estas sociedades porque aun gestionando fondos públicos, «tienen la naturaleza de entidades privadas».
Las propuestas de resolución, que resultaron aprobadas con el único voto en contra de ICV, plantean la necesidad de que el Gobierno haga un seguimiento «riguroso y ortodoxo» de los incumplimientos denunciados.
«UN MAL GENERALIZADO».
Además, pide al Tribunal de Cuentas que haga una nueva fiscalización para comprobar la situación con posterioridad a la puesta marcha de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, cuyo reglamento además deberá revisarse para agilizar la actividad de las mutuas, según explicó la diputada socialista María José Sánchez Rubio.
La entidad fiscalizadora ya anunció que enviará sus datos a la Sección de Enjuiciamiento para depurar las posibles responsabilidades contables de unas actividades que, según el presidente del Tribunal, Manuel Núñez, suponen «casi un mal general» que extienden a todas las entidades fiscalizadas.
A este respecto, el PSOE reclama que se pongan en marcha las «modificaciones normativas necesarias» para que la Intervención General de la Seguridad Social intensifique su control sobre las mutuas, con la participación de las comunidades autónomas.
IU-ICV RECLAMA UNA «INTERVENCIÓN DIRECTA».
El diputado ‘popular’ Ramón Aguirre criticó que «algo pasa en la Seguridad Social para que los informes de fiscalización confirmen que el Gobierno «no cumple bien» su función de tutela y gestión de fondos públicos, algo en lo que están de acuerdo todos los grupos parlamentarios.
La representante de CiU, Inmaculada Riera, incidió en «el papel positivo» que desempeñan las mutuas, reforzadas por la nueva Ley de Contratos Públicos, aunque recalcó la necesidad de que las comunidades autónomas participen en los «circuitos de control» sobre estas entidades, junto al Ministerio de Trabajo.
Por su parte, el diputado de ICV, Joan Herrera, lamentó que este acuerdo excluyera su propuesta de crear figuras de «intervención directa» en las mutuas ante los «claros déficits de control» sobre las mutuas revelado por el Tribunal de Cuentas.
.jpg){kind=small}
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.