El PSOE quiere que el Gobierno establezca limites en los Presupuestos Generales del Estado para la contratación de personal, tipos de contratos, retribuciones y sueldos de altos cargos de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tras las denuncias del Tribunal de Cuentas sobre los salarios de los directivos que, en algún caso, superan los 290.000 euros al año.
Con este objeto, los socialistas han registrado una serie de propuestas de resolución al informe sobre los procedimientos de contratación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social elaborado por el órgano fiscalizador, que revela que estas entidades sin ánimo de lucro han cargado gastos indebidos que no puede asumir la Seguridad Social o que no están suficientemente justificados.
El PSOE plantea que el régimen de incompatibilidades del personal directivo de las mutas se atenga a los «principios inspiradores» de la Ley de Regulación de Conflictos de Intereses, si bien recuerda la «peculiaridad» que presentan estas sociedades porque aun gestionando fondos públicos «tienen la naturaleza de entidades privadas».
La entidad fiscalizadora ya anunció que enviará sus datos a la Sección de Enjuiciamiento para depurar las posibles responsabilidades contables de unas actividades que, según el presidente del Tribunal, Manuel Núñez, suponen «casi un mal general» que extienden a todas las entidades fiscalizadas.
A este respecto, el PSOE reclaman que se pongan en marcha las «modificaciones normativas necesarias» para que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) extienda su control a las las mutuas y pide que se revise el concepto de «patrimonio histórico» de las mismas, así como su propia naturaleza jurídica.
EL TRIBUNAL QUIERE DEPURAR RESPONSABILIDADES
Entre otras prácticas irregulares y de competencia desleal, el tribunal descubrió el abono de cuotas de asociación organizaciones empresariales con el único fin de captar empresas asociadas y trabajadores adheridos, ofertas promocionales competitivas que incurren en costes no asumibles por la Seguridad Social, entregas de medicamentos y hasta cesiones ilegales de mano de obra.
También advirtió del pago de obras facturadas por duplicado, dietas indebidas por asistencia a órganos de gobierno, actividades de prevención no asumibles por la Seguridad Social e incluso una indemnización por despido improcedente.
Los pagos que podrían considerarse indebidos ascienden, para el conjunto de las mutuas, a 14.916.941 euros, ante lo cual se ha decidido enviar el informe a la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal para la determinación, en su caso, de las responsabilidades contables que procedan.
SUELDOS DE 290.000 EUROS AL AÑO
El Tribunal de Cuentas aconseja al Ministerio de Trabajo que controle el régimen retributivo de los cargos directivos y del personal al servicio de las Mutuas, pues actualmente no se encuentra sujeto a los principios generales del Sector Público pese a que se financia con fondos público.
No obstante, rechaza que se fije un límite a los sueldos de los directivos y a su incremento anual, tal y como hace el Tribunal, que aboga por eliminar las retribuciones abusivas detectadas. Sólo en ocho Mutuas analizadas, 237 directivos superaban en el año 2006 las retribuciones correspondientes a los altos cargos del Gobierno y de la Administración General del Estado; tres de ellos incluso ganaban al año más de 290.000 euros.
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