24 de noviembre de 2024
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La Junta de Andalucía ofrecerá a los 1.258 ex trabajadores de Delphi tres formas de contrato

La Junta de Andalucía ofrecerá a los 1.258 ex trabajadores de Delphi tres formas de contrato

La Junta de Andalucía ofrecerá a los 1.258 ex trabajadores de Delphi un contrato, que se arbitrará de forma «inmediata» y en el que temporalmente habrá tres modalidades, con las que los ex empleados de la multinacional norteamericana «mantendrán sus rentas».

Este compromiso fue adquirido por la Junta en el marco de la comisión de seguimiento de los asuntos de Delphi, que se celebró durante toda la mañana de ayer en la sede de la Consejería de Empleo, con la presencia de miembros de esa Consejería y de la de Innovación y de los sindicatos CCOO, UGT, CGT y USO.

Según indicó a Europa Press el viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, en esta reunión se abordó la situación de estos ex trabajadores, toda vez que ha finalizado el actual proceso formativo, de forma que se arbitrarán una serie de medidas «que se aplicarán de inmediato».

Así, se acometerá un proceso de contratación «intensiva» de los 1.258 trabajadores que actualmente está en proceso de búsqueda activa de empleo, de forma que, según destacó, a todos se les ofrecerá un contrato de trabajo y ser datos de alta a la Seguridad Social, con tres modalidades, pues algunos trabajadores serán contratados de forma fija y a tiempo completo por las empresas –ya conocidas– que se quieran implantar en la zona; otros serán contratados a media jornada y durante la otra media jornada participarán en medidas de políticas activas de empleo, como talleres de empleo o escuelas taller.

El tercer grupo de trabajadores, aquellos que no sean contratados en la primera tanda, recibirán acciones de políticas activas de empleo a jornada completa.

La Junta recordó que el objetivo final se centra en que «todos los trabajadores tengan finalmente un contrato fijo a tiempo completo», algo que esperan conseguir en breve, de forma que los primeros contratos se podrán efectuar en junio o julio, para lo cual están ultimando las conversaciones con las empresas interesadas –Alestis, Gadir Solar–, mientras que en septiembre «todos los trabajadores como mínimo habrán asistido a las medidas arbitradas en las políticas activas de empleo».

Barberá destacó que todos los trabajadores, estén en el grupo en el que estén inicialmente, «tendrán un contrato de trabajo, cotizarán y estarán datos de alta a la Seguridad Social». Además, los contratos les permitirán mantener «las rentas medias que vienen percibiendo los trabajadores, no habrá mermas en las percepciones económicas».

Tras insistir en que las políticas activas de empleo suponen «medidas transitorias que enlazarán con los contratos fijos», Barberá precisó que será necesaria una nueva reunión para definir, una vez reunidos con las empresas, cuántos trabajadores formará parte de cada uno de los tres paquetes, para lo cual la comisión de seguimiento se volverá a reunir el próximo 22 de junio.

RETRASOS PARA PODER DISPONER DE ACTIVOS

Barberá reconoció que el «retraso» generado al no poder disponer de los activos de Delphi ha provocado «retrasos en todo el proceso», ya que «la subasta y liquidación de activos debería haberse producido en cinco meses y ya vamos por dos años».

«Las empresas ni la Junta todavía no pueden disponer de los activos de Delphi, que suponen una de las partes fundamentales del proceso, por lo que hasta la fecha las empresas no han podido ocupar los activos», aseveró el viceconsejero, quien reconoció que si la Junta hubiera tenido ya los activos «las empresas ya estarían funcionando».

Barberá precisó que, según las últimas informaciones recibidas, el proceso concursal «está finalizando, la subasta de la maquinaria ha terminado, por lo que esperamos concretar la disponibilidad de los activos, aunque sea bajo la fórmula de alquiler».

«Estamos cumpliendo los compromisos y ningún trabajador estará en situación de desprotección», aseveró el viceconsejero, quien recordó que «hay empresas que necesitan disponer de los activos» y aseguró que «ninguna empresa comprometida con la Junta ha renunciado al proyecto».

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