Los sindicatos CCOO, UGT y CSIT-UP denunciaron hoy la futura privatización del centro de reconocimientos médicos al que están adscritos 200.000 empleados públicos de la Comunidad de Madrid, bajo el pretexto de «reorganizar el Centro de Prevención y Reconocimientos» y debido a la «poca actividad del centro».
Según indican en un comunicado, la Comunidad de Madrid ha informado a las organizaciones sindicales presentes en el comité de empresa de su decisión de trasladar a los 33 profesionales que actualmente prestan sus servicios en este centro, a unas instalaciones cercanas y anteriormente ocupadas por el Centro de Salud de Atención Primaria de Andrés Mellado.
Los sindicatos reclaman a la Administración la paralización del traslado de los empleados públicos a otras instalaciones, el mantenimiento del mismo nivel de trabajo en el Centro de Prevención y Reconocimientos desde su titularidad pública como hasta el año 2001 se vino realizando, es decir, «sin cesión ni derivación a la privada, y sobre todo, que la Administración rectifique en su intención de privatizar este servicio que ha funcionado como centro de referencia para los 200.000 empleados públicos de la Comunidad de Madrid».
El Centro de Prevención y Reconocimientos Médicos fue recientemente reformado para dotarle de los servicios que hoy mantiene: cuatro consultas totalmente equipadas (Ginecología, Oftalmología, Otorrino, Medicina General), con medios materiales y humanos altamente cualificados.
En el año 2001, el centro emitió más de 12.000 informes médicos y unas 24.400 pruebas diagnósticas, pero entre 2002 y 2007 la Comunidad de Madrid contrata los servicios de una empresa privada con la finalidad de disminuir progresivamente la actividad del propio centro, de tal forma que en 2007 apenas se emiten unos 900 informes médicos.
«La infrautilización de recursos como el mamógrafo contrasta con la necesidad de aligerar la lista de espera de más de nueve meses que actualmente existe en esta especialidad y con la demanda que desde las tres organizaciones se viene reiterando en los últimos años a la Consejería de Sanidad», señalan los sindicatos.
Asimismo, añaden que teniendo en cuenta que en 2008 la Administración de la Comunidad de Madrid ha destinado 1,7 millones de euros en pagos a esta empresa privada y que el coste de los 33 trabajadores anualmente es de 600.000 euros menos, CCOO, UGT y CSIT-UP denuncian la mala gestión que la Administración regional está realizando debido a la duplicidad de gastos.
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