Los dos socios de la empresa ‘Robles y Santiago S.L’ acusados de haber ocultado en 2005 un accidente laboral que costó la vida a un joven boliviano que se encontraba en situación irregular reconocieron haber cometido «fallos» pero negaron la comisión de los delitos de los que están inculpados, de homicidio imprudente, riesgo y contra el derecho de los trabajadores extranjeros, por los que se enfrentan a penas de hasta 13 años de prisión.
En una sala de vistas abarrotada de familiares y allegados de los seis imputados y del fallecido, en el Juzgado de lo Penal 6 de Granada, el primero en declarar ha sido M.A.S.M., que se encargaba de las labores comerciales y administrativas de la empresa, con sede en la Plaza de Fontiveros (Granada).
El procesado, que es aparejador, explicó que la empresa contrataba a inmigrantes a los que intentaba con posterioridad regularizar sus papeles. La razón, según señaló, era que en esos años de ‘boom’ inmobiliario era «dificilísimo» contratar albañiles y los inmigrantes tenían «ganas» y «voluntad».
Aunque a ellos les pagaron la mitad del sueldo que les hubiera correspondido si hubieran estado dados de alta en la Seguridad Social, la intención de la empresa no fue «nunca» la de «beneficiarse» de ellos, ni «explotarlos» laboralmente, según mantuvo. De hecho muchos obtuvieron después sus papeles, según aclaró.
En el caso del accidente hoy enjuiciado, negó haber urdido un plan para ocultar la ausencia de medidas de seguridad en la obra, la construcción del hueco de un ascensor en un edificio de Maracena. Sin embargo, reconoció que la empresa no había delegado en ninguna persona para que coordinara la seguridad en la misma y señaló que «la conciencia que hay ahora de protección en aquellos tiempos no era tanta», por lo que algún operario podía haberse quitado el casco o no hacer uso del arnés preceptivo.
Asimismo, dijo no haber sido consciente en el momento en el que se produjo el accidente de que estaban incumpliendo las normativas al respecto, explicando que en esa época todo lo contrataban de «viva voz», incluido al arquitecto que redactó el proyecto.
Su socio, M.R.L., negó además haber amenazado a los familiares del fallecido, Carlos Óscar Romero, de 20 años, advirtiéndoles de que debían guardar silencio, y aseguró que en la obra, a la que él mismo acudía, sí se utilizaban medidas de seguridad. Él fue además el que montó el andamio desde el que se precipitó el joven obrero, el 14 de febrero de 2005, sin ser consciente sin embargo que ese tipo de estructura no era la adecuada para la altura a la que se estaba trabajando.
NIEGA INSTALAR A POSTERIORI MEDIDAS DE SEGURIDAD
El día del suceso no se encontraba en la zona de trabajo, adonde llegó después. Al día siguiente, después de que la obra fuera precintada por la Guardia Civil, según señaló, colocó una malla verde para evitar que los restos de la construcción hicieran daño a los vecinos, y no para aparentar que esa red ya estaba instalada en el momento del accidente, según dijo, negando además haber llevado ese día arneses y otros elementos de seguridad que no estaban hasta el momento del accidente en el lugar.
Según declaró, él fue el que interpretó el proyecto de obra del arquitecto (un mero trámite según dijo, para obtener la licencia) porque se creía preparado para hacerlo. Además, al igual que su socio, afirmó que al arquitecto, también acusado, se le contrató «de viva voz» para el proyecto de obra y para la dirección de la misma.
Este último extremo fue sin embargo negado por el arquitecto, que incidió en que sólo fue contratado por ‘Robles y Santiago’ para la redacción del proyecto y de un plan de seguridad básico, que contenía las directrices de seguridad a adoptar que deberían, según apuntó, haber sido sin embargo supervisadas por un coordinador. Tuvo conocimiento de que la obra se había puesto en marcha cuando uno de los socios de la empresa se puso en contacto con él y le dijo que en la obra se había producido un accidente laboral mortal, señaló.
El Ministerio Público solicita para los dos empresarios siete años de cárcel, cinco de inhabilitación y una multa de 10.800 euros para cada uno, por los delitos de homicidio imprudente, riesgo y otro contra el derecho de los trabajadores extranjeros. Para C.R.L. y L.A.P.M. pide cuatro años de prisión, cinco de inhabilitación y multa de 6.000 euros por homicidio imprudente y riesgo.
Del delito de encubrimiento son presuntos autores E.D.L.H. y J.M.M., empleados que supuestamente limpiaron la sangre del fallecido y colocaron tras los hechos las medidas de seguridad con las que no contaba la obra cuando se produjo el siniestro. Para ellos pide el Ministerio Público un año y medio de cárcel.
Las defensas intentaron hoy llegar a un acuerdo de conformidad para impedir la celebración del juicio, pero tanto la acusación particular como la acción popular, que ejercen los sindicatos CCOO y UGT, se negaron. De hecho cinco de los seis acusados ingresaron hoy la cantidad de 44.837 euros en concepto de responsabilidad civil para los herederos de la víctima, que se suman a los más de 60.000 que ya ha satisfecho la aseguradora.
El juicio, que está previsto que concluya mañana, continuará esta tarde, a partir de las 17,15 horas, con la declaración de los tres restantes procesados y la de los testigos.
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