El delegado de Hacienda de Madrid, Juan Bravo, aseguró ayer que la carta enviada a algunos trabajadores de la Agencia Tributaria de la capital que no están al corriente en el pago de sus impuestos es sólo «informativa» y, en ningún caso, una amenaza de embargo tal y como ellos mismos han denunciado.
Durante la comisión ordinaria de Hacienda celebrada ayer, el edil socialista Pablo García Rojo preguntó al responsable de la política fiscal municipal sobre si se cumple la «legislación vigente en materia de protección de datos respecto a los requerimientos remitidos por la directora de la Agencia Tributaria, Rosa Ana Navarro, al personal del Ayuntamiento que pudiera mantener deudas líquidas, vencidas y exigibles en período ejecutivo».
«La carta remitida por la directora de la Agencia no es un requerimiento, sino sólo informativa, e informa a los interesados de las opciones de que disponen: proceder al pago o acreditar y alegar su improcedencia en derecho. El objeto de la carta, que iba acompañada a las nóminas de este mes, no era iniciar un procedimiento ejecutivo sino informar sobre cómo se podría actuar para solventar sus obligaciones en función de la Ley General Tributaria», aseguró Bravo.
Es decir, que la intención era «intentar que los funcionarios municipales, como el resto de los ciudadanos, si no pagan sus impuestos la administración, en aplicación de la ley, realice las actuaciones necesarias para que paguen o para que acrediten que no están obligados a ello», matizó.
VULNERA LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
Sin embargo, los trabajadores de la Agencia Tributaria explicaron a Europa Press a la salida de la comisión que éste no es el «camino legal» para hacer ese recordatorio. «No nos escriben como a ciudadanos, sino como de jefa a empleados, y amenazan con embargarnos el sueldo, no con ejecutar una compensación de deuda, que es lo que se haría por ejemplo si nos hubieran pagado de más», indicó un portavoz. Según él, para enviar las cartas se ha usado una base de datos con más de 30.000 entradas «sin hacer ninguna discriminación».
«Creo que la oposición pública avalará las medidas que estamos adoptando y que aplicamos desde hace meses para aquellas personas que, incumpliendo la obligación de pago en periodo voluntario, tampoco lo hacen en el periodo ejecutivo, y tenemos que llegar a poner en marcha mecanismos que la Ley General Tributaria pone a nuestra disposición para velar por el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales que los ciudadanos tienen con la Hacienda municipal, igual que con la estatal», justificó el delegado.
Así, pidió a García Rojo que «compruebe qué hace la Agencia Estatal Tributaria con las deudas que los funcionarios tienen con ella» y le exigió que si no considera «reprobable» o cree que «no conculca la Ley de Protección de Datos» tampoco lo hace la iniciativa tomada por el Ejecutivo local. «Es exactamente lo mismo», apostilló, basándose en un informe de parte presentado ayer al consejo rector de la Agencia que, según Bravo, respalda la legalidad de la actuación.
En cualquier caso, reconoció que la Ley de Protección de Datos garantiza ese derecho, pero recordó que también «establece excepciones» y «ampara la actuación de la Agencia Tributaria en relación con los funcionarios municipales que incumplen con su obligación de pago con el Ayuntamiento y con el conjunto de los ciudadanos».
Por su parte, el portavoz socialista replicó que también para él es «una prioridad que los ciudadanos estén al corriente en el pago de los impuestos», y consideró que al responsable municipal le ha «molestado que UGT haya dirigido una carta a todos los miembros del consejo rector sobre este tema».
«De no ser por el esfuerzo realizado por UGT no habríamos tenido conocimiento de una comunicación que debería habernos llegado por derecho propio. Y, en cualquier caso, elija la fórmula que crea oportuna para la relación con los ciudadanos y con los trabajadores del Ayuntamiento para reclamar el pago de deudas tributarias o de cualquier otra naturaleza, nosotros le apoyaremos, pero mejore antes los mecanismos de recaudación de la Agencia Tributaria», concluyó.
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