El cierre de la fábrica de Fertiberia, ubicada en el polo químico de Huelva, podría afectar a unos 3.500 trabajadores, si se tienen en cuenta los que trabajan en empresas que dependen de la misma, según afirmó hoy el presidente ejecutivo de la empresa, Francisco De la Riva, en unas jornadas sobre química que se realizan en Tarragona.
De la Riva argumentó que el cierre se debe a un problema «jurídico-administrativo» después que la Audiencia Nacional dictaminara en 2007 la caducidad de la concesión que la factoría tenía desde 1968 para verter fosfoyesos (subproducto de ácido fosfórico) a las marismas de Mendaña.
La sentencia está recurrida al Supremo pero éste no aceptó la suspensión cautelar de la misma con lo que la caducidad está señalada.
De la Riva lamentó la «falta de sensibilidad industrial» en este tema y alertó de que el cierre de la planta «no sólo afectará a los 350 trabajadores directos de Fertiberia sino también a unos 1.500 subcontratados y a un largo número de empleados que trabajan en este polo químico de la avenida Francisco Montenegro, que anteriormente formaban parte de la estructura de Explosivos Ríotinto, y que abastecen a la factoría».
Según sus cálculos, ratificados por el sindicato UGT, los puestos destruidos serán unos 3.500, lo que supondrá «un efecto muy negativo para la región» y, según dijo, es «una pena» el fin de la planta en Huelva «en base a argumentos tan pobres».
Por su parte, los sindicatos esperan que se consiga una especie de «moratoria» en la declaración de caducidad que permita a la empresa emprender las inversiones necesarias para adecuarse a la normativa, pese a que el secretario general de la sección sindical-estatal del sindicato UGT en Fertiberia, Gregorio Falero, reconoció en declaraciones a Europa Press que la situación económica actual es «complicada» e incluso parte de las instalaciones que podrían funcionar «están paradas» por la crisis en la demanda.
Según afirmó Falero, «si a la empresa no se le da una garantía de futuro ni una seguridad jurídica, a parte que el momento actual no es bueno, difícilmente invertirá si no existe una solución rápida por parte de la administración estatal a este tema».
Actualmente, ya se ha dictado el cese inmediato de los vertidos en un 50 por ciento y el resto se hará con un plazo límite hasta el 2012 y esperan que con la moratoria «se consigan unos dos o tres años de margen para llevar a cabo las inversiones».
«Que se haga cumplir la sentencia de manera inmediata, como pretenden los que están en contra de la industria en Huelva, supondría el cierre de la empresa, cosa que no debe querer ni la administración», señaló el responsable sindical.
En breve se espera una reunión con la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM), Elena Espinosa, para trasladar esta propuesta que garantice la continuidad de la empresa y se acepte su Plan medioambiental como forma de cumplimiento de la sentencia.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.