El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, descartó ayer tarde que haya que promover una «aceleración diferente» en los trabajos para la reforma del sistema de pensiones, aunque aseguró que ve «razonable» completarla en la presente legislatura, una vez que los grupos parlamentarios presenten sus recomendaciones en el marco del Pacto de Toledo para que Gobierno elabore su proyecto legislativo, que se tramitaría en 2011.
Durante su segunda intervención ante la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, Corbacho mostró su confianza en que en 2010 los grupos políticos podrían cerrar sus recomendaciones, lo que conduciría a la negociación con agentes sociales, y a la reforma legal pertinente, que se concluiría así cinco años después de la anterior, que tuvo lugar en 2007.
«No le veo ningún problema», aseguró, a instancias del portavoz de CiU en la Comisión, Carles Campuzano. Corbacho pidió a los grupos que enfoquen sus propuestas en la línea de las ediciones anteriores de este acuerdo por las pensiones, cuyo acierto defendió.
Durante su intervención, Corbacho eludió mencionar las palabras sobre el futuro del sistema del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez –aunque sí lo hizo la portavoz socialista en la Comisión, Isabel López y Chamosa–, y advirtió de que «cada vez que alguien genere incertidumbre sobre la salud del sistema», él defenderá su solvencia. «No debe haber incertidumbre, ni ahora ni en el futuro», remachó.
ACUSA AL PP DEL DÉFICIT DE 1996
A continuación, arremetió contra el PP, a quien culpó incluso de provocar unas pérdidas de 170.000 millones de pesetas en 1996 en las cuentas de la Seguridad Social por su decisión de mantener los últimos presupuestos del Ejecutivo socialista de Felipe González a su llegada al poder, y pidió que ponga «luces largas» en sus propuestas para reformar el sistema.
También incidió en que el Gobierno de José luis Rodríguez Zapatero han elevado en cinco años en 45.000 millones de euros las dotaciones al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, hasta los 58.000 millones actuales, y recordó que al decisión de retrasar las nuevas dotaciones hasta final de año responde a la necesidad de facilitar los aplazamientos de los pagos de cotizaciones de las empresas.
Asimismo, garantizó que la inversión de la ‘hucha de las pensiones’ se mantendrá en deuda pública «mayoritariamente española» y afirmó que no se recurrirá a él para el pago de las prestaciones ni en el presente ejercicio ni en el próximo.
SISTEMA ‘FLEXIBLE’ DE JUBILACIÓN
En lo referente a la separación de fuentes, que según sus previsiones se completará al 100% en 2013, cuando el Estado haya asumido el 100% del diferencial, que ahora se sitúa en «algo más» de 3.000 millones. Asimismo, defendió que la aportación de los complementos a mínimos de 2009 será mayor que el acumulado entre 1996 y 2004.
Por otro lado, insistió en el punto principal de su primera intervención y defendió que el sistema sería insostenible si se anticipara la edad de jubilación, por l oque abogó por acercarla al máximo legal de 65 años y, si bien se mostró en contra de elevar este tope legal «universalmente», se mostró proclive a un sistema que permita «flexibilizarlo» voluntariamente mediante incentivos.
Esto no supone «prohibir» las jubilaciones anticipadas, especialmente en un momento puntual de crisis, si bien incidió en que no deben convertirse en una «cultura» que expulse del mercado laboral a personas en edad de trabajar. «Debe ser una excepción y no la regla», recalcó.
APELA A LAS CCAA POR LAS PRESTACIONES
No obstante, Corbacho se permitió abrir la puerta al optimismo y aseguró que la evolución de los últimos meses de la destrucción de empelo y pérdida de afiliación «va a mejor», lo que, sin implicar una recuperación, sí apunta a una corrección del ritmo que, confía, se traduzca en un cambio de tendencia.
Respecto a la posibilidad de recurrir a las rentas de inserción social, competencia de las comunidades autónomas, para ayudar a los parados que ya no tiene derecho a prestación por desempleo, admitió que estas personas no se encuentran en una situación propiamente de «exclusión social» aunque el dato de más de un millón de personas en esta situación es «preocupante» y supone un debate abierto que se irá perfilando «en próximos meses».
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