La Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia de la Comunitat (Aerte) formó a cerca de un millar de profesionales en el último año, con el objetivo de que desempeñen «servicios de atención en la futura red pública», tal y como informaron fuentes de la organización en un comunicado.
El presidente de la Entidad, Alberto Giménez, explicó que «la correcta aplicación» de la Ley de Dependencia en la Comunitat «daría trabajo a cerca de 30.000 personas y fomentaría la apertura de nuevas líneas de negocio en otros sectores industriales», entre los que se refirió «al sector tecnológico, al de la construcción o incluso al de la alimentación, que se beneficiarían de la inversión en centros residenciales y empresas de servicios complementarios», añadió.
Según la estimación de la patronal, la Comunitat cuenta con unas 120.000 personas en situación de dependencia, de las cuales 40.000 están atendidas en residencias y generan 20.000 puestos de trabajo. Giménez defendió que el resto de estas personas «pueden reorientarse a recursos complementarios como los centros de día, la teleasistencia o los servicios a domicilio», ya que según indicó «son servicios menos costosos, que benefician a los dependientes menos severos». «De esta manera, se crearían 10 ó 12.000 empleos más para su atención, lo que daría un total de 30.000 personas dedicadas a cuidarlos en la Comunitat», añadió.
En este sentido, el presidente de Aerte recordó que este sector «es de mano de obra intensiva» e insistió en que, según los datos de la organización, «cada dos personas dependientes atendidas en una residencia, se crea un puesto de trabajo». De esta manera, estimó que la cobertura de las cerca de 5.000 plazas vacías en las residencias y centros de día autonómicos «ofrecerían alrededor de 2.500 puestos de trabajo directos en menos de un año, además de fomentar el empleo indirecto a largo plazo», manifestó.
Por último, Alberto Giménez aseguró que la patronal «seguirá apoyando la formación de parados y asistentes que quieran orientar sus expectativas laborales a este nuevo mercado». Así, recordó que la entidad destinó casi 500.000 euros para formación en 2008, cifra que según aseguró, se pretende incrementar en el presente ejercicio.
DISTINCIÓN ENTRE CUIDADO PROFESIONAL Y ATENCIÓN PUNTUAL
Por otra parte, desde Aerte se remarcó «la distinción entre la atención puntual que puede ofrecer un familiar o un trabajador, de lo que es un cuidado profesional y con controles de calidad». Según indicó el presidente de la organización, esta última «sólo puede garantizarse en recursos oficiales, bien sean residencias, centros de día, teleasistencia o servicios de ayuda a domicilio».
Por esta razón, Giménez destacó que la patronal «no está en contra de la figura del cuidador informal o familiar, tal y como pretenden trasladar algunos a la sociedad, sino de esa figura aplicada a los dependientes severos o graves que entren en el marco actual», ya que según indicó «ellos son los que necesitan asistencia médica y especializada 24 horas al día».
El responsable de la organización recordó que la asistencia profesional para dependientes es una competencia «compartida entre la Administración autonómica y la nacional», razón por la que señaló que ambas «tienen responsabilidad patrimonial, e incluso contable, ante los posible daños que pueda ocasionar a los usuarios la sustitución de los servicios profesionales por prestaciones económicas para cuidadores informales», manifestó.
Por esta razón, señaló que ni la Ley vigente, ni las normativas autonómicas «establezcan un derecho de opción para las personas en situación de dependencia, que les permita elegir entre la recepción de prestaciones de servicios profesionalizados y la recepción de prestaciones económicas para el apoyo informal por familiares o personas del entorno del beneficiario».
«La decisión de éstas corresponde a las Administraciones, que son quienes deben resolver en función del catálogo de servicios establecidos, y subsidiariamente, de manera excepcional, de no ser posible la prestación de servicios, mediante el reconocimiento de una prestación económica para el cuidado del dependiente por sus familiares o personas de su entorno», explicó.
Por esta razón, Giménez concluyó que es «ilegal por parte de la administración incumplir el texto legal que prioriza recursos profesionales frente a cuidadores informales o familiares» y recordó que de esta manera «puede existir responsabilidad patrimonial de la Administración en casos de daños producidos por el desarrollo del servicio», finalizó.
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