El Govern balear ha concedido hasta el día de hoy un total de 73 préstamos de 2.400 euros a desempleados que no cobran prestaciones por desempleo al estar afectado por Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) derivados de la tramitación de procesos de concursos de acreedores, según los datos facilitados a Europa Press por la Conselleria de Trabajo y Formación.
Se trata de una línea de ayudas que el Govern puso en marcha el pasado mes de febrero, mediante la que se presta hasta un máximo de 2.400 euros por persona para los parados afectados por un proceso judicial.
De este modo, se establece que el beneficiario, cuando recupere su puesto de trabajo, deberá devolver el dinero a las entidades financieras, pero sin ningún tipo de interés. Así, el Govern balear avalará a las cajas de ahorro y serán éstas las que concedan los préstamos.
El Ejecutivo balear ha destinado un total de 1,4 millones de euros a un fondo que servirá para otorgar dicha ayuda, que se estima que podrá beneficiar a un total de 500 personas en Baleares, aunque se calcula que unas 240 personas están inmersas en procesos judiciales y no cobran ninguna asignación a la espera de que se resuelvan los litigios.
La Conselleria de Trabajo pretende de esta forma ofrecer una salida a las personas que están pendientes de ERE, que hace que se produzcan situaciones de «especial dificultad» que se alargan en el tiempo.
La cantidad prevista equivaldrá a cuatro meses de salario básicos -600 euros- y podrán cobrarla de una vez o en varias. También remarcó que unas 500 personas podrían acogerse a esta medida, de acuerdo a las previsiones del Ejecutivo autonómico.
576 PERSONAS RECIBEN LOS 350 EUROS
Por otra parte, otros 576 parados de Baleares se han acogido a la ayuda económica de 350 euros mensuales que ofrece el Govern durante un máximo de tres meses a aquellas personas que no perciben ningún tipo de prestación ni subsidio por desempleo.
Esta prestación, que fue habilitada el pasado 1 de octubre de 2008, ha recibido un total de 740 solicitudes, de las que 576 han sido aprobadas. El resto han sido descartadas porque no cumplían los requisitos exigidos, que consisten en ser demandante de empleo y no estar percibiendo en el momento de realizar la solicitud ninguna prestación.
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