El Tribunal Constitucional ha confirmado la suspensión pedida por el Gobierno para los artículos de la Ley de Medidas Fiscales de la Generalitat Valenciana que imponen una tasa a las mutualidades de funcionarios.
La suspensión había sido pedida por el Gobierno al recurrir la norma valenciana y ahora el TC, al admitir ese recurso, confirma la suspensión y abre un plazo para que las partes implicadas presenten sus alegaciones. A partir de aquí, el Tribunal Constitucional tiene un plazo de hasta cinco meses para ratificar o levantar la suspensión en función de sus deliberaciones al respecto.
El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero recurrió los artículos 14 y 15 de la citada ley valenciana al considerar que el sistema de financiación de la asistencia médica previsto por la Generalitat contradice la legislación estatal al imponer una tasa a los beneficiarios de las mutualidades de funcionarios del Estado que hayan optado por la sanidad pública, una tasa que ninguna otra comunidad ha implantado y que debe ser pagada por las mutualidades. Según el Gobierno, se trata de un caso de doble financiación porque la sanidad pública ya se sufraga a través de los impuestos.
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