El secretario de Formación de Empleo de CCOO, Manuel Rodríguez, explicó hoy que existe un «preacuerdo» con el Servicio Navarro de Empleo, pero apuntó que será la Ejecutiva del sindicato la que decida definitivamente el próximo lunes si apoya este preacuerdo.
Rodríguez explicó en rueda de prensa que, tras el anuncio «unilateral» del Gobierno de poner en marcha ayudas a la contratación temporal, contra el criterio de los sindicatos, las partes afectadas han alcanzado un preacuerdo.
Además, el dirigente sindical subrayó que «si ha habido un preacuerdo ha sido porque las medidas que nosotros planteamos en un primer momento han sido recogidas en su inmensa mayoría, por no decir al cien por cien».
En concreto, este preacuerdo contempla planes de formación para parados sin prestaciones, talleres de empleo para desempleados con prestación y un crédito social para adelantar a trabajadores despedidos la cuantía que deberían percibir a través del Fondo de Garantía Salarial.
En cualquier caso, Manuel Rodríguez precisó que la Ejecutiva de CCOO, máximo órgano de dirección, se reunirá el próximo lunes y «se discutirán estas medidas para tomar la decisión que se considere más pertinente». «Como organización no hemos tomado posición», dijo.
«RECORRIDO ABRUPTO»
El dirigente sindical hizo un repaso sobre los últimos acontecimientos que han llevado a esta situación y explicó que que la propuesta del Gobierno «ha tenido un recorrido abrupto». «La primera propuesta no la compartimos, porque favorecía exclusivamente la contratación temporal y en ese mismo marco hicimos las contrapropuestas que consideramos oportunas», dijo, para criticar que «el Gobierno decidió unilateralmente hacer públicas las suyas». «Lo digo porque no siempre ha habido por parte del Gobierno interés y voluntad de consensuar estas medidas. Después de manifestar nuestro desacuerdo, el Gobierno siguió insistiendo en las mismas medidas», subrayó.
En este escenario, Manuel Rodríguez valoró «la posición del PSN, no sólo oponiéndose a las medidas, sino planteando la necesidad de volver al marco natural del diálogo social».
El dirigente sindical reiteró su rechazo a la subvención de la contratación temporal y argumentó que «la experiencia demuestra que las ayudas a la contratación no crean empleo». «Para lo que han servido estas ayudas ha sido para direccionar la contratación hacia determinados colectivos como jóvenes o mujeres», dijo.
En este sentido, explicó que a CCOO «no le parecía mal primar algunas contrataciones temporales con algunos criterios que se dirigieran al colectivo que ha agotado sus prestaciones, que se encuentra en una situación evidente de riesgo de exclusión social». «Serían ayudas de carácter absolutamente coyuntural, de respuesta a un momento muy determinado y que deberían servir para que esa gente que está en precariedad social no caiga en la exclusión», explicó.
No obstante, además de está ayuda, CCOO planteó la necesidad de «abrir otros escenarios que mejoraran la empleabilidad de las personas en desempleo, que incorporaran ayudas a las familias que se encuentran en situaciones más graves, que favorecieran algún tipo de ingreso mínimamente decente para salir de esta situación que se alarga y que va a seguir un tiempo».
Estas medidas se traducen en planes de formación con una beca similar al salario mínimo interprofesional para personas que no tienen ningún ingreso y que recibirán una formación homologable, es decir, «que les suponga una empleabilidad». También se plantean talleres de empleo para personas que cobran prestaciones con la finalidad de permitir su recualificación «ante un mercado de trabajo que está cambiando».
Igualmente, las partes trabajarán en la posibilidad de poner en marcha un crédito social sin interés para adelantar a trabajadores las cuantías que deberían recibir del Fondo de Garantía Salarial por despidos y cuyo cobro se suele retrasar.
El preacuerdo incorpora ayudas específicas para el mantenimiento de los puestos de trabajo en los centros especiales de empleo y de incorporación social. Además, se incrementa en 2 millones de euros la partida para las contrataciones de ayuntamientos.
En cualquier caso, Manuel Rodríguez advirtió de que «más allá de estas medidas el diálogo social sigue estancado y el Gobierno, en vez de ir a salto de mata, tendría que dar un impulso y poner un mayor compromiso en el desarrollo del diálogo social, porque la situación lo exige, lo merece y lo demanda».
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