La Federación de Construcción y Madera de CC.OO. Cataluña solicita como acción popular siete años de cárcel para el presidente de la inmobiliaria Habitat, Bruno Figueras, por la muerte de cinco operarios y las lesiones que sufrieron otros dos en accidente laboral el 27 de julio de 2006, cuando trabajaban en la construcción de una galería de servicios en la calle Almogàvers del distrito 22@ de Barcelona.
El sindicato pide la misma pena para otras tres personas: el entonces director general de Habitat, Francisco Cirera, el encargado de la obra y el jefe de obra.
Asimismo, solicita una pena de tres años para otras cuatro personas: dos técnicos, un subcontratista y su encargado. En total, todas las condenas suman 40 años de cárcel «por no haber tomado medidas preventivas y haber cometido una imprudencia grave» en la ejecución de la obra en la que se produjo el siniestro.
La calificación de la acción popular de CC.OO. llega tras hacerse pública la de la Fiscalía, que solicita que se condene al presidente y al director general del grupo Habitat a dos años de prisión y una multa de 15.000 euros.
El Ministerio Público les acusa de cinco delitos de homicidio por imprudencia y otros dos de lesiones por imprudencia, igual que al encargado de la obra, al arquitecto técnico jefe de los trabajos y al coordinador de seguridad y salud de la promotora de la obra. Estos, en cambio, se enfrentan a una pena de cuatro años de prisión porque la fiscal también les acusa de un delito contra los derechos de los trabajadores.
Por su parte, el arquitecto técnico que dirigía la ejecución del proyecto se enfrenta a una pena de dos años y seis meses, así como a una multa de 7.500 euros, por un delito contra los derechos de los trabajadores y cinco faltas de homicidio por imprudencia y otras dos de lesiones por imprudencia.
La fiscal sostiene en su escrito de acusación que el jefe de obra y el encargado no tomaron ninguna medida de seguridad antes de ordenar a las víctimas que bajaran a trabajar en una zanja de canalización de «importantes dimensiones» –tenía 5,10 metros de profundidad, cuatro de ancho y 12,5 de largo–, y sabían que el muro de contención no había sido apuntalado.
En cuanto al escrito de acusación de CC.OO. señala que los mandos directos hicieron trabajar a los fallecidos en el interior de una zanja de grandes proporciones sin tomar ninguna medida de seguridad de apuntalamiento ni salida de emergencia.
A Bruno Figueras y a Cirera les acusa de haber cometido una imprudencia muy grave, puesto que el proyecto de urbanización en el cual se encontraba la zanja, que tenía que contener una galería de servicios, no disponía de estudio ni de plan de seguridad, y tampoco se había nombrado técnico coordinador de seguridad que velase por la prevención de riesgos en la obra.
El sindicato recuerda que la zanja, que se encontraba sometida lateralmente a las vibraciones originadas por el tráfico y que presentaba zonas húmedas en sus paredes laterales que debilitaban la consistencia del terreno, se hundió sepultando a siete trabajadores que se encontraban en su interior.
Añade que el accidente «puso de manifiesto que Habitat desarrollaba su actividad mediante una constelación de empresas que actuaban de forma descoordinada» y «la subcontratación en cadena contribuyó al descontrol».
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