La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en Málaga resolvió 2.444 asuntos –un 15 por ciento menos–, con lo que la pendencia aumentó un 37 por ciento, hasta los 938 procedimiento pendientes a final de 2008, mientras que la Contencioso-Administrativa resolvió 3.885 asuntos –un cuatro por ciento menos–, con un aumento de un dos por ciento de asuntos pendientes de resolución, que se sitúan en 11.143.
Así, mientras que la sala social inició 2.700 asuntos, lo que supone un siete por ciento menos que en 2007, la de la jurisdicción contencioso-administrativa ingresó 4.059 procedimientos en 2008, lo que supone también una reducción con respecto al ejercicio anterior, en concreto del cuatro por ciento.
Según la memoria del alto Tribunal andaluz, al que tuvo acceso Europa Press, la sala social cuenta con seis magistrados de plantilla y el módulo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se superó en 2008 en un 29 por ciento, por lo que se considera necesario la ampliación de la plantilla en al menos un magistrado «para poder hacer frente de manera efectiva a la real carga de trabajo que soporta actualmente la Sala».
Asimismo, se estima que los planes de autoempleo, que se venían desarrollando desde 2003, «son una herramienta eficaz para disminuir en gran medida la pendencia residual de la Sala». «Con la eliminación del plan de autoesfuerzo en 2008 ha sido imposible hacer frente a la enorme carga de trabajo que soporta dicho órgano, con la misma eficacia que en años anteriores», concluye.
En lo que respecta a la contencioso-administrativa, cuenta desde finales de 2007 con nueve magistrados de plantilla, que han soportado una carga de trabajo un 39 por ciento por encima de lo que indica el Consejo. El TSJA señala que, aunque esta carga es menor que en otros años, «sería necesaria una ampliación de plantilla de al menos dos magistrados».
Además, se aconseja continuar con el plan de refuerzo «para poder eliminar la pendencia residual de la Sala», al mismo tiempo que los nuevos magistrados «pueden hacer frente a la enorme cantidad de asuntos en segunda instancia que cada año tienen entrada», que suponen un 66 por ciento de los procesos incoados.
Estos recursos de segunda instancia son en su mayoría de apelación –el 65 por ciento contra sentencias–, ingresos que se redujeron un siete por ciento. Los de única instancia son en su mayoría referentes a personal, un 40 por ciento; a tributos, con un 27 por ciento; a urbanismo, con un seis por ciento, y expropiación forzosa, un cuatro por ciento.
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