La Comisión del Estatuto del Diputado tratará hoy de buscar un acuerdo que permita concretar más su compromiso de dotar de mayor transparencia al contenido de sus trabajos a través, por ejemplo, de la publicación de las actividades profesionales que realizan los diputados al margen de la Cámara Baja, informaron fuentes parlamentarias.
Este órgano, que se encarga de conceder las compatibilidades a los diputados para sus actividades extraparlamentarias, acordó por unanimidad el pasado 31 de marzo avanzar hacia fórmulas para hacer más transparentes sus actuaciones y abrir una reflexión sobre el actual régimen de incompatibilidades que fija la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
El debate sobre la conveniencia de dar mayor transparencia a las actividades de la comisión y de los diputados surgió el mes pasado, coincidiendo con la votación del dictamen secreto por el que que se concedió la compatibilidad a varios diputados que desarrollan actividades privadas, entre ellas los ex ministros Angel Acebes y José María Michavila; el ex presidente de Endesa e Ibercaja, Manuel Pizarro, y el ex director general de RTVE Fernando López Amor.
Entonces, el PSOE e IU-ICV ya expresaron su deseo de que las declaraciones de actividades de los diputados se hagan públicas, a través, por ejemplo de la página web del Congreso. Sin embargo, en la última reunión de la comisión, los grupos se limitaron a abogar por una mayor transparencia en sus actividades, pero sin concretar más.
La idea es que del encuentro de hoy pueda salir ya un texto común en el que todos los grupos pidan a la Mesa del Congreso que se encargue de buscar las fórmulas más adecuadas para avanzar hacia esa mayor transparencia, especialmente en lo que se refiere a la publicidad de las actividades extraparlamentarias.
BONO Y ROJO TAMBIÉN SE MUEVEN
Paralelamente, después de que se filtrase el informe de compatibilidades aprobado por el Congreso, los presidentes de las dos Cámaras, Javier Rojo y José Bono, decidieron tomar cartas en el asunto sabedores de que la divulgación de esos datos perjudica por igual a ambas Cámaras y que resulta más eficaz unificar criterios y no permitir que se apliquen unas reglas para unos parlamentarios y otras distintas para los miembros de otra cámara.
Rojo y Bono han tratado ya este asunto en los últimos contactos que han mantenido y están de acuerdo en promover el debate para que los grupos hagan propuestas, no sólo sobre si debe darse más publicidad o no a las declaraciones que los políticos presentan en el registro de actividades, sino también sobre qué labor debe ser incompatible con la de diputado y senador.
En su última reunión, la Comisión del Estatuto del Diputado también acordó abrir una reflexión sobre el actual régimen de incompatibilidades, un asunto que igualmente está previsto tratar en el encuentro de hoy para comprobar hasta dónde estarían dispuestos a llegar los distintos grupos.
Dado que este órgano no tiene competencia legislativa, si los grupos acuerdan finalmente avanzar en este asunto podrían intentar pactar en el futuro una serie de recomendaciones y remitirlas a la subcomisión que en estos momentos estudia la reforma de la Ley Electoral en el Congreso. De no ser posible el consenso en este punto, cada grupo podría trasladar en solitario sus propuestas a esa subcomisión.
EL PP SERA CONSTRUCTIVO
Hace unos días la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría explicó que el PP llevará «propuestas de calado» a la cita de mañana porque no tiene «ningún problema en absoluto» en fomentar esa publicidad. «Nosotros hemos estado siempre sometidos a la ley y no tenemos ningún problema en el conocimiento de esos datos y que además se haga con absoluta normalidad», garantizó.
Ahora bien, pidió «congruencia» a los socialistas para que al mismo tiempo los miembros del Gobierno «den ejemplo» dando a conocer su patrimonio, como se recoge en la Ley de Conflictos de Intereses de Altos Cargos aprobada hace tres años y todavía pendiente de desarrollo reglamentario.
En cualquier caso, la portavoz del PP avisó de que la revisión del sistema de incompatibilidades debe hacerse «dentro del marco de consenso» y trabajando «juntos». «Con consenso, estamos dispuestos a poner encima de la mesa lo que haga falta para una mayor transparencia en la que estamos absolutamente de acuerdo -afirmó-. No hay ningún problema en modificar la ley y estamos totalmente de acuerdo en hacerlo por consenso y con carácter constructivo, con medidas muy concretas».
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