2 de noviembre de 2024
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ATA celebra la nueva línea del ICO, aunque cree que podría haber sido «más generosa» y exige celeridad

ATA celebra la nueva línea del ICO, aunque cree que podría haber sido "más generosa" y exige celeridad

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) celebró hoy la nueva línea del ICO que anunció ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, destinada a aliviar la deuda de los ayuntamientos con las pequeñas y medianas empresas, aunque consideró que podría ser «más generosa» y pidió celeridad en su puesta en marcha.

En un comunicado, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, explicó que la nueva línea supone un «gran paso» para acabar con la morosidad de los ayuntamientos, aunque consideró que la dotación (3.000 millones de euros) podría ser mayor, dado que la morosidad real que mantienen los ayuntamientos con los autónomos y las microempresas está en torno a los 12.000 millones.

«La línea sólo permitirá cubrir una cuarta parte de esta deuda», aseveró Amor, quien recordó también que queda por solucionar la morosidad que mantienen las comunidades autónomas con las pequeñas y medianas empresas, cantidad que, según Amor, podría alcanzar los 7.000 millones de euros.

Además, exigió celeridad en la puesta en marcha de la medida y un mejor desarrollo de otras líneas del ICO que no están funcionando correctamente, como la de la Liquidez, tal y como ha admitido el Gobierno y el propio presidente del ICO, Aurelio Martínez.

Así, ATA consideró que se trata de una medida «acertada», pero que no deja de ser puntual y aseguró que el verdadero objetivo que se tiene que fijar el Gobierno es avanzar hacia el cumplimiento de la Ley de Morosidad para que tanto el sector público como el privado paguen sus facturas en un plazo no superior a 60 días.

En este sentido, afirmó que sería «mucho mejor» que la UE aprobara la reforma ya planteada por el comisario de Industria y Empresas, Günter Verheugen, de la Directiva sobre Morosidad del 2000, cuyo objetivo es fijar un plazo máximo de 30 días para pagar, imponer un recargo del 5% sobre la cantidad adeudada desde el primer día de retraso en el pago y exigir el reembolso de los costes del cobro.

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