Los sindicatos policiales presentarán conjuntamente una querella contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, porque consideran que «ha imputado a 61.000 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía un comportamiento delictivo».
Los representantes de los policías consideran especialmente grave la acusación del fiscal general en «una materia tan sensible» como es la lucha antiterrorista y en la que los agentes han demostrado «solvencia, seriedad, constancia y sacrificio» y piden que responda de ella en sede judicial.
Asimismo, SUP, CEP, UFP y SPP reiteran su llamamiento de ayer a la cúpula del Ministerio del Interior para que se pronuncien sobre las «descalificaciones» vertidas ayer por Conde-Pumpido. Hoy, los sindicatos extienden su exigencia a la Junta de Gobierno de la Policía. De todos ellos, aseguran: «Su silencio les convierte en cómplices. Si miran hacia otro lado darán cobertura a un ataque injusto e irresponsable. Cada día que pase y no se pronuncien les hará pasar a la historia de nuestro Cuerpo como la cúpula que permitió, sin oponer la más mínima resistencia, el insulto y el intento de descrédito de todo nuestro colectivo».
LA INSTITUCIÓN MÁS VALORADA
La medida de los sindicatos es justificada por éstos en que la acusación de no colaboración realizada por el fiscal genreal supone el ataque «más duro, injustificado, temerario y desleal» que ha sufrido la Policía en toda la democracia, vertido, precisamente, contra la institución más valorada por los españoles, según el CIS.
Además, los policías tienen que soportar, según sus representantes, un ataque que afecta a la labor en la que han fallecido muchos compañeros y otros muchos han sufrido secuelas físicas o psíquicas.
El ministro del Interior, el secretario de Estado y el director de la Policía, añaden, deben hablar si todavía albergan «un mínimo de lealtad y ética». «La defensa del Cuerpo Nacional de Policía no se hace aprovechando los réditos de las ruedas de prensa para difundir granes operaciones, sino defendiendo a la institución y al colectivo de personas que, en unas condiciones salariales y materiales que rozan la humillación, luchan abnegadamente contra el terrorismo, el crimen organizado o la inmigración ilegal», concluyen.
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