El Parlamento Europeo y los Gobiernos de la UE prorrogan una semana más las negociaciones sobre las 65 horas semanales

Los representantes de la Eurocámara y de los Gobiernos de la UE no lograron ayer acercar posturas sobre la norma que amplía la jornada laboral a 65 horas semanales tras varias horas de discusiones y aplazaron las negociaciones hasta el próximo jueves, cuando se volverán a reunir en Estrasburgo, informaron fuentes parlamentarias.

Las partes no lograron acercar posturas a pesar de que cada vez está más cerca el plazo fijado para lograr un acuerdo. Si para el 28 de abril no se llega a un compromiso, la directiva de 65 horas decaerá y seguirá en vigor la normativa vigente, que fija una jornada laboral de 48 horas semanales pero que contempla la posibilidad de excepciones (‘opt-out’). Estas excepciones, en la práctica, permiten trabajar hasta 78 horas semanales, según los cálculos del Consejo.

El principal punto de desacuerdo sigue siendo si se mantienen estas excepciones, ampliando la jornada laboral hasta 65 horas, como piden los Veintisiete liderados por Reino Unido, o si se suprime el ‘opt-out’ después de un periodo de transición, como exige el Parlamento. España apoya la postura de la Eurocámara.

Las negociaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo también se centran en la regulación de las guardias médicas, para las que la Eurocámara quiere que sean consideradas como tiempo de trabajo. Sin embargo, los Estados miembros son partidarios de que se haga una distinción entre la parte de las guardias activa y la inactiva (por ejemplo, cuando un médico duerme en un hospital).

Las fuentes consultadas explicaron que la propuesta presentada por la presidencia de turno de la UE, que este semestre ocupa República Checa, no presenta novedades sustanciales respecto a iniciativas anteriores y que, por tanto, es considerada ‘insuficiente’ por la delegación parlamentaria.

También apuntaron que, en el caso de que no se llegue a un acuerdo sobre el conjunto de la directiva, la presidencia aboga por que la Comisión presente una nueva norma que regule exclusivamente la cuestión de las guardias médicas y deje fuera el ‘opt-out’.