El ministro de Trabajo dice que el Gobierno debatirá la extensión de las rentas sociales con las CCAA desde Sanidad

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, avanzó hoy que las comunidades autónomas tendrán que hacerse cargo de la extensión de las rentas sociales para aquellos que no cuenten con prestaciones contributivas, al ser parte de sus competencias, y que, en coherencia, el testigo por parte del Gobierno debe tomarlo el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, en coordinación con la Vicepresidencia Tercera.

Así lo adelantó en una rueda de prensa enmarcada en un taller preparatorio de la cumbre de empleo que tendrá lugar el próximo 7 de mayo en Praga, en la que estuvo acompañado por el Comisario europeo de Empleo, Asuntos Sociales e Igualdad de Oportunidades, Vladimir Spidla.

Según explicó el ministro de Trabajo, la posible ampliación de la protección social para evitar situaciones de exclusión social es un tema «que nace» en el ámbito laboral, pues es una consecuencia directa del incremento del desempleo, y que por ello es su Gabinete el que «asume el discurso político» y, «de común acuerdo» con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, establece las directrices a seguir.

A partir de ahí, señaló que se ha abierto un debate con las comunidades autónomas, en las que residen las competencias sobre protección social, que ahora tiene que entrar en «fases de concreción», a lo que añadió que, dado que los presupuestos para protección social en el ámbito autonómico se encuentran en las consejerías de asuntos sociales, debe ser ahora la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Trinidad Jiménez, la que lidere este debate.

Más allá de una declaración de intenciones, Corbacho aseguró que ayer mantuvo su primera reunión sobre el asunto con Jiménez, con el fin de «ponerla en antecedentes», y que desde ahora se mantendrá en «contacto directo» con ella y con la vicepresidente segunda del Gobierno, Elena Salgado, para «ir concretando el marco cooperativo y de discusión».

Corbacho derivó aún más la cuestión y afirmó que Salgado conviene en que «es bueno» que el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, encargado de la política territorial, «enmarque» el incremento de las rentas sociales en las conversaciones que ha de mantener con las comunidades autónomas sobre el Estado cooperativo.

LAS COMPETENCIAS SON LAS QUE SON

En cualquier caso, Corbacho se mantuvo firme al señalar que las comunidades autónomas serán las que tengan «en última instancia» que, con la colaboración del Estado, ‘pagar’ y determinar quienes son los beneficiarios de este incremento de la protección social, como portadoras exclusivas de estas competencias.

Desde esta premisa, Corbacho se mostró consciente de que «todo debate sobre incremento de gasto no concita gran ilusión en las comunidades autónomas», pero añadió que «las competencias son las que son y no se pueden rehuír». Además, dejó caer que esta ampliación podría ser temporal y por el tiempo que dure la crisis.

Asimismo, el ministro de Trabajo se adelantó a toda crítica e indicó que todas las administraciones atraviesan dificultades financieras, incluso la Central, y que «el Gobierno ya está haciendo lo que le corresponde en materia de protección por desempleo», aportando un 10.000 millones de euros adicionales a lo gastado en 2008 en el pago de estas prestaciones.

En cualquier caso, Corbacho aseguró que algunas comunidades autónomas ya «han recogido el guante», y puso el ejemplo de Cataluña, que recientemente ha aprobado un plan en esta dirección, en el que además se vincula la renta social con esfuerzos en formación. «La prioridad de toda administración pública debe ser ahora la política social», sentenció.

Por último, Corbacho ‘entró al trapo’ sobre las divergencias entre las cuentas del Gobierno y las cifras que se manejan en otras instancias, y que apuntan al millón de personas al contabilizar los desempleadas que podrían no contar actualmente con ningún tipo de prestación. Según dijo, las cifras del Gobierno, extraídas de un cruce de datos con Sanidad y Asuntos Sociales y de los registros autonómicos, apuntan a 300.000 personas.

Según explicó, los datos «mediáticos» que se manejan responden a cálculos realizados a partir de las antigua metodología de la Encuesta de Población Activa (EPA), en la que no se profundizaba tanto en la diferentes fuentes de rentas de los parados.

EL DIÁLOGO SOCIAL NO SOLUCIONARÁ LA CRISIS

Por otro lado, el ministro de Trabajo aseguró que el Diálogo Social no está interrumpido y que los líderes de la patronal y sindicatos así se lo han hecho saber en recientes encuentros. Por ello, aseguró que se ha dejado a un lado el «desencuentro» que provocó la ruptura de las negociaciones en el ámbito de la negociación colectiva. «Esto ha quedado despejado», añadió.

En este contexto, el titular de Trabajo confió en que se produzca una reunión ordinaria de la Comisión de Seguimiento del diálogo social en las próximas semanas para seguir desarrollando y ampliando la agenda de temas establecida en su día.

En este punto, quiso aclarar que las reuniones que la vicepresidenta segunda del Gobierno mantendrá estos días con los agentes sociales son de toma de contacto y no se enmarcan en el proceso tripartito.

En cualquier caso, Corbacho se mostró sincero al pedir que nadie espere que el diálogo social por sí sólo aporte una salida a la crisis: «El diálogo social no va a solucionar la crisis, a lo que añadió que si le preguntasen «¿qué es más prioritario?» en este sentido, diría que lograr «que las empresas tengan liquidez».