El sindicato CCOO advirtió ayer de la «gravísima situación» que atraviesa la provincia gaditana, donde «alrededor de un 60 por ciento» de los parados dejarán de cobrar las prestaciones por desempleo «entre finales de abril y finales de mayo», lo que dejará a «unas 80.000 familias en el umbral de la pobreza absoluta», por lo que reclamó a la Junta de Andalucía y al Gobierno central la aplicación de «medidas urgentes» en la zona.
El secretario de política institucional sectorial de CCOO en Cádiz, José Manuel Silva, explicó que hace «año y medio o dos» había en la provincia «entre 75.000 y 76.000 parados» sobre una población activa que ronda las 450.000 personas, lo que podía considerarse «un buen dato» en cuanto que situaba a Cádiz «cerca de la equiparación con la media nacional y andaluza».
Sin embargo, la provincia se ha situado en la cifra de 157.370 parados en menos de dos años que, además, transcurrieron con unos niveles de contratación que calificó de «locura», puesto que en un sólo año se llegaron a «superar los 400.000 contratos». Estos contratos, dijo, eran «de bajísima calidad y algunos de ellos no llegaban a ser de una semana de duración».
Según CCOO, las características de este tipo de empleo propician que la gente «no pueda acumular el suficiente tiempo trabajado para el cobrar el paro», con lo que el sindicato calcula que «entre finales de abril y finales de mayo sólo cobrará el paro un 40 por ciento de los desempleados de la provincia».
Silva calificó la situación de «extrema gravedad» porque «alrededor de 80.000 familias gaditanas» se situarán a partir de esa fecha en un «umbral de pobreza absoluta» y en una situación que sería «prácticamente de exclusión social», por lo que reclamó a la Junta de Andalucía y al Gobierno central que adopten «medidas urgentes» en este territorio.
Finalmente, subrayó que «no hay ningún síntoma de recuperación» en la provincia, con cifras de desempleo que «superan el 30 por ciento», lo que requiere de una «reacción rápida» por parte de la Delegación Provincial de Empleo de la Junta en Cádiz, que «no puede permanecer ciega ante estos datos».
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