El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) se multiplicó por más de 15 hasta febrero, mientras que los expedientes autorizados por las autoridades laborales aumentaron en casi seis veces, según los últimos datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, que muestran una aceleración del recurso a las regulaciones de empleo, especialmente de suspensión, en el actual contexto de crisis económica.
En concreto, 124.998 trabajadores se vieron afectados por un ERE hasta el segundo mes del año, frente a los 8.092 en el mismo periodo de 2008, lo que, en términos relativos, implica una subida del 1.444,7%. Por su parte, el número de ERE autorizados se incrementó un 468%, hasta sumar 2.982 expedientes, frente a los 525 de un año antes.
El dato de afectados por ERE es relevante si se tiene en cuenta que en todo 2007 los trabajadores afectados fueron 58.401, es decir, menos de la mitad que los registrados entre enero y febrero de 2009.
Si se compara con 2008, año en el que los ERE empezaron a proliferar a partir del mes de octubre, los 124.998 afectados en lo que va de año suponen el 84,4% del total de trabajadores que se vieron inscritos en un ERE durante el conjunto del año pasado (148.088).
A diferencia de otros meses, donde el sector de la construcción se adjudicó los registros más desfavorables, los trabajadores de la industria, donde se incluye el sector de la automoción, fueron los que se llevaron la peor parte en lo que va de año, llegando incluso a multiplicarse por más de 25 el volumen de afectados por un ERE en este sector.
En total, 105.625 empleados de la industria se vieron inmersos en un ERE durante los primeros dos meses del año, cifra que representa un incremento del 2.446,4% respecto al mismo periodo de 2008, cuando fueron 4.148 los afectados.
La mayor parte de los trabajadores de la industria inmersos en regulaciones de empleo fueron objeto de suspensiones temporales, con 96.701 afectados, multiplicando por 100 las registradas entre enero y febrero de 2008 (964).
En la construcción, los trabajadores afectados por un ERE fueron 2.641, casi ocho veces más que en el mismo periodo del año pasado, mientras que en los servicios los afectados sumaron 14.091, un 327,5% más. La agricultura, por su lado, también ha experimentado un crecimiento exponencial de los afectados por regulaciones de empleo, pasando de 305 afectados en los dos primeros meses de 2008 a 2.641 en igual periodo de 2009.
LOS TRABAJADORES SUSPENDIDOS DE EMPLEO SE MULTIPLICAN POR 66
De los 2.982 ERE registrados, 2.627 fueron pactados con los representantes de los trabajadores y 355 no pactados, afectando, respectivamente, a 104.691 y 20.307 trabajadores.
Del total de expedientes autorizados en los primeros meses del año, 1.579 se encuadran en la industria, con un aumento del 722,3%, mientras que 888 lo hacen en los servicios (+230,1%), 259 en la agricultura (+531,7%) y 256 en la construcción (+1.013%).
Hasta febrero, el número de expedientes de extinción de empleo (despidos colectivos) autorizados por las autoridades laborales se incrementó un 115,5% en tasa interanual, con 750 procesos. Estos expedientes significaron el despido de 11.574 trabajadores, un 83,7% más.
Por su parte, los ERE de suspensión temporal de empleo ascendieron a 2.022 hasta febrero, más de 12 veces más que en igual periodo de 2008, mientras que el número de afectados por estos expedientes se multiplicó por más de 66, con 110.785 trabajadores.
EL GOBIERNO HACE NÚMEROS
El Gobierno estima que, entre octubre de 2008, mes en el que empezó a repuntar el número de ERE, y diciembre de 2009, un total de 617.600 trabajadores se verán afectados por un expediente de regulación de empleo de suspensión temporal, de los que 247.000 acabarán siendo despedidos.
Los cálculos del Ejecutivo se refieren al periodo octubre 2008-diciembre 2009 porque son precisamente esos 15 meses los que se tendrán en cuenta a efectos de la reposición de prestaciones por desempleo y de la concesión de bonificaciones a las empresas que presenten un ERE de suspensión.
Estas dos iniciativas forman parte del Decreto-Ley de medidas urgentes contra el paro aprobado el pasado viernes y su coste conjunto será de 1.330,5 millones de euros, de los que 375 millones corresponderán a las bonificaciones y 955,5 millones de euros a la reposición de prestaciones por desempleo. El montante de ambas medidas supone el 84,3% del coste total de las nuevas medidas, cifrado en 1.577,5 millones de euros.
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