El PP ha registrado en el Parlamento una proposición no de Ley en la que demanda a la Junta que emprenda una reforma fiscal al servicio de las pymes, los autónomos y las familias para que puedan afrontar la situación actual de crisis económica y al entender que las medidas adoptadas hasta ahora por los gobiernos central y autonómico ‘se están mostrando claramente insuficientes’.
Las medidas que el PP plantea en su iniciativa consisten en la bonificación máxima del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que conduzca a su práctica eliminación y deducciones en el tramo autonómico del IRPF (6% de las cantidades satisfechas por la adquisición, construcción o rehabilitación de la vivienda habitual para jóvenes menores de 36 años o desempleados; 20% de las cantidades satisfechas por arrendamiento de vivienda habitual para jóvenes menores de 36 años, discapacitados, familias numerosas y parados de larga duración, hasta un máximo de 750 euros, con determinados límites de renta; 500 euros para el fomento del autoempleo en mujeres y jóvenes, parados mayores de 45 años, personas con discapacidad y colectivos con dificultades de inserción laboral; 400 euros por cada hijo entre 3 años y 5 años para las mujeres trabajadoras, para lograr la igualdad y la conciliación de la vida familiar y laboral; aplicación de tipos reducidos del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, con determinados requisitos de renta y de valor del inmueble)
De igual manera, el grupo popular reclama al Ejecutivo andaluz, por un lado, que demande al Gobierno central la reducción del Impuesto de Sociedades para pymes al 20 por ciento y, por otro lado, que establezca un calendario de pago que imprima la máxima celeridad en el abono de las obligaciones pendientes de pago de la administración autonómica, así como proceder al pago inmediato de las susceptibles de abono, respetando los plazos contemplados en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, así como las sanciones previstas para mitigar los perjuicios por los retrasos.
El PP exige además a la Junta que inste al Gobierno de la Nación a establecer fórmulas de aplazamiento y fraccionamiento de los tributos más flexibles, permitiendo que las obligaciones reconocidas pendientes de pago tengan la consideración de aval para que las empresas perjudicadas por la demora en los pagos puedan aplazar sus obligaciones fiscales con Hacienda, y a que no establezca recargo de apremio alguno en los supuestos de fraccionamiento y aplazamiento de pago de tributos, aplicando como máximo el interés legal del dinero.
Según el PP-A, desde el punto de vista empresarial, la crisis financiera, con sus consecuencias sobre la liquidez, unida a la elevada morosidad de las administraciones, está abocando al cierre de numerosas pymes y autónomos, mientras que las dificultades en el acceso al crédito y el incremento espectacular del desempleo está llevando a muchas familias a situaciones insostenibles.
En Andalucía, a pesar de ser una de las comunidades en la que ‘más se están dejando notar los efectos negativos de la crisis’, según los populares, se cuenta con un doble agravante: ‘que el Ejecutivo andaluz es uno de los gobiernos autonómicos que menos ventajas fiscales aplica, con lo que los contribuyentes andaluces pagan muy por encima de la media de las comunidades de régimen común por IRPF, actos jurídicos documentados, transmisiones y donaciones y sucesiones, y que Andalucía, con unas obligaciones pendientes de pago por parte de la administración autonómica y los municipios andaluces que ascienden a 2.242 millones, encabeza el ranking nacional en morosidad de la administración’.
Ante esta situación, en opinión del grupo popular, uno de los instrumentos con los que cuenta la administración es la aplicación de la capacidad normativa conferida por el sistema de financiación autonómica para abordar una reforma fiscal que incida de una manera efectiva y real en las familias, pymes y autónomos. Añade que esta necesaria reforma fiscal, unida a una mayor celeridad en el pago de las deudas contraídas por la comunidad contribuirá necesariamente a paliarlos efectos de la crisis y a facilitar su superación.
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