Secuestrar directivos como último recurso para defender las reivindicaciones laborales de los trabajadores se está convirtiendo en una pauta reiterada en Francia durante las últimas semanas y este peculiar recurso para forzar la negociación con la empresa ha provocado un vivo debate en medios políticos, patronales y sindicales. Gobierno y patronal lo rechazan, la izquierda no lo justifica pero lo entiende y los sindicatos le conceden cierta legitimidad.
De hecho, Bernard Thibault líder del principal sindicato francés, la CGT, dijo no sólo ‘comprender’ este tipo de actitudes sino que se mostró dispuesto a ‘defenderlas’ cuando no atenten contra la integridad física de nadie. ‘Hace falta también atraer las cámaras y los micros para ser escuchado’, declaró en la emisora RTL.
El responsable sindical argumentó que el Gobierno no debería sorprenderse de que los trabajadores ‘imaginen otras formas de acción’ cuando se les dice que en Francia las manifestaciones y las huelgas ya no se notan. Thibault hacía así referencia a una frase pronunciada en julio de 2008 por Nicolas Sarkozy presumiendo de la escasa incidencia de una huelga poco después de la entrada en vigor de los servicios mínimos.
Además, el líder sindical atribuyó al inquilino del Elíseo su cuota de responsabilidad en el clima social que reina en Francia como ‘consecuencia directa’ de algunas declaraciones y actitudes del jefe del Estado galo y del Gobierno, que han minusvalorado, a su juicio, el malestar y la movilización de la gente en la calle. El portavoz de la UMP, Frédéric Lefebvre, reaccionó a estas palabras acusando a Thibault de haber ‘metido un gol en propia meta’.
‘Al justificar los secuestros y legitimando los métodos que desprecian a la persona humana da una pobre imagen del sindicalismo mientras denuncia, de manera justificada, algunas prácticas poco respetuosas en tiempos de crisis por parte de algunas empresas’, resalta en un comunicado el miembro del partido de Sarkozy.
También la patronal, a través del presidente de la Confederación General de Pequeñas y Medianas Empresa (CGPME), Jean-François Roubaud, ha criticado la actitud sindical y pedido a los responsables empresariales que no cedan de ninguna manera a las presiones.
Además, pretende que Sarkozy se dirija a los directivos y que se pongan en marcha ‘inmediatamente’ mecanismos para detener los secuestros, que considera ‘fuera de la ley’. Roubaud exige igualmente al Gobierno hacer el correspondiente seguimiento judicial.
Desde el Elíseo, el consejero especial de Sarkozy, Henri Guaino, puso de relieve que corresponde a los secuestrados presentar la denuncia porque, hasta que se demuestre lo contrario, ejercer violencia sobre alguien puede ser objeto de acciones judiciales.
En la oposición, la primera en avivar el fuego del debate fue la ex candidata socialista al Elíseo, Ségolène Royal, al decir que los que se ven ‘debilitados, pisoteados y despreciados’ son los trabajadores a quienes ‘se miente antes de echar a la calle’.
‘No es agradable estar retenido y es ilegal privar a alguien de libertad de movimientos, pero no se les ha maltratado ni humillado’, declaraba Royal en ‘Le Journal de Dimanche’. Una visión compartida por su antigua rival, la primera secretaria de los socialistas franceses, Martine Aubry. ‘No lo excusamos, pero decimos también que hay momentos en los que la gente no puede más’, subrayó.
Estas palabras sorprendieron en el partido de Sarkozy y el propio presidente tercio en la polémica durante una visita a la localidad de Venelles, en el sureste francés, en la que dejó claro que no consentiría este tipo de actuaciones. ‘¿Qué es esta historia de ir a secuestrar a la gente?. Estamos en un Estado de derecho, no dejaré que se hagan las cosas así’, advirtió.
Mientras, la opinión pública francesa está dividida y, según un sondeo publicado por ‘Le Parisien’ el pasado 2 de abril, el 45% de los franceses encuentra este método de actuación ‘aceptable’ mientras que el 50% no lo ve bien. La encuesta de ‘Paris-Match’ señalaba, por su parte, que el 63% de los franceses ‘lo entienden pero no lo aprueban’.
Sony, 3M, Fnac, Caterpillar
El pasado 13 de marzo, el presidente de Sony Francia y tres de sus colaboradores pasaron una noche encerrados en la factoría que la empresa tiene en Pontonx sur l’Adour, en el suroeste del país, y que cerrará sus puertas el próximo 17 de abril. Los trabajadores exigían mejoras en el plan de despidos y liberaron a los retenidos tras un acuerdo.
Días después, el 23 de marzo, los huelguistas de la farmaceútica 3M, que despedirá a 110 trabajadores, retuvieron durante una noche a un directivo para renegociar las condiciones del plan social, y el 31 de marzo unos 50 asalariados de la Fnac y Conforama, donde se contemplan 1.200 supresiones de empleo, bloquearon durante casi una hora el taxi del presidente del grupo hasta que llegó la Policía.
A estos episodios siguieron otro similares en Caterpillar el pasado 1 de abril, y el miércoles 8 de abril se produjo el último, cuando cuatro directivos del fabricante de adhesivos Scapa fueron retenidos en una fábrica amenazada por el cierre. La dirección duplicó su propuesta inicial de indemnizaciones por despido.
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