Los representantes de la Eurocámara y de los Gobiernos de la UE no han logrado esta semana acercar posturas sobre la norma que amplía la jornada laboral a 65 horas semanales, tras una ronda maratoniana de negociaciones que se prolongó durante 10 horas y terminó a las 4:30 de la madrugada del jueves, lo que hace casi imposible llegar a un acuerdo antes de que venza el plazo el próximo 28 de abril, según fuentes parlamentarias.
Si para esa fecha no se ha logrado un compromiso, decaerá la directiva de las 65 horas y seguirá en vigor la normativa vigente, que fija una jornada laboral de 48 horas semanales pero que contempla la posibilidad de excepciones (‘opt-out’). Estas excepciones, en la práctica, permiten trabajar hasta 78 horas semanales, según los cálculos del Consejo.
El principal punto de desacuerdo sigue siendo si se mantienen estas excepciones, ampliando la jornada laboral hasta 65 horas, como piden los Veintisiete liderados por Reino Unido, o si se suprime el ‘opt-out’ después de un periodo de transición, como exige el Parlamento. España apoya la postura de la Eurocámara.
Durante la última ronda negociadora, la Comisión presentó una nueva propuesta de compromiso que incluía una cláusula de revisión, pero fue rechazada por los representantes de la Eurocámara porque no establecía ningún plazo para la desaparición del ‘opt-out’. «Queremos que se imponga un límite temporal al ‘opt-out’. Podemos discutir su duración, pero este límite no puede quedar fuera de la directiva», dijo la principal negociadora del Parlamento, la socialista alemana Mechtild Rothe.
Resaltó que la Eurocámara quiere un acuerdo pero «no a cualquier precio» y reclamó una nueva sesión de negociaciones formales de conciliación para los días 20 y 21 de abril. Sin embargo, la presidencia checa no aceptó esta petición y pidió que continúen los contactos informales y que sólo se convoque una reunión del comité de conciliación cuando esté claro que habrá un acuerdo.
«Si el Parlamento desea verdaderamente mejorar la situación de los trabajadores, debería reconsiderar su posición de firmeza. En caso contrario, provocará el fracaso total de las negociaciones», dijo el ministro checo de Trabajo, Petr Necas, en un comunicado. Insistió que 15 de los 27 países de la UE utilizan el ‘opt-out’ y lo consideran un «instrumento importante» para resolver problemas en sectores donde hay guardias regulares (como la sanidad o los bomberos) y para flexibilizar el tiempo de trabajo.
«Quiero creer que todavía hay alguna esperanza de que lleguemos a un acuerdo, pero esa esperanza es muy pequeña», afirmó el ministro checo.
Por su parte, el comisario de Empleo, Vladimir Spidla, lamentó que ni el Parlamento ni el Consejo se movieran de sus posiciones para encontrar un compromiso. «Espero que ambas partes reflexionen sobre la situación. El no acuerdo no es una solución a largo plazo como saben bien las dos partes», explicó.
Tampoco se ha llegado a un acuerdo sobre el tratamiento que hay que dar a las guardias médicas, la otra gran cuestión que regula la directiva. Mientras que el Parlamento exige que se consideren como tiempo de trabajo, los 27 no aceptan todavía esta formulación y piden que se haga una distinción entre la parte de las guardias activa y la inactiva (por ejemplo, cuando un médico duerme en un hospital).
Si finalmente la iniciativa de las 65 horas decae, lo más probable es que la Comisión presente una nueva norma que regule exclusivamente la cuestión de las guardias médicas, que resulta problemática para la mayoría de los Estados miembros y sobre la que hay más posibilidades de acuerdo, y deje fuera la cuestión del ‘opt-out’, según informaron fuentes comunitarias.
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