El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, afirmó hoy que el ineficiente control de las bajas médicas por parte de las comunidades autónomas agudiza el problema de la abstención laboral, ya que «toman las decisiones quienes no pagan la factura» de las prestaciones.
Granado criticó la transferencia de la gestión de la asistencia sanitaria a las comunidades en 2002, de las que depende la supervisión de los primeros 15 días de las bajas, y matizó que conceden el 102% de las solicitadas.
Así, el secretario de Estado de la Seguridad Social apuntó que existe en España una conciencia de baja laboral sujeta al derecho subjetivo del trabajador, que recurre a ella «como si fueran vacaciones, por ejemplo cuando juega la selección española el Mundial».
Para evitar que se abuse de las prestaciones por incapacidad, Granado abogó por crear un grupo de médicos para controlar su concesión, y calificó de «imprescindible» la colaboración con las comunidades autónomas.
LOS EMPRESARIOS NO SE IMPLICAN
Asimismo, Octavio Granado instó a los empresarios a «tomar un papel más activo» mediante una mejora en la comunicación con sus empleados destinada a potenciar la motivación y flexibilización de las condiciones laborales, y sugirió que no achaquen el problema exclusivamente a la Seguridad Social.
Según el secretario de Estado, las empresas deberían comenzar por renegociar sus convenios colectivos con los sindicatos, en los que «en su mayoría se establece el pago del 100% del salario» en los primeros días de baja, lo que motiva a los empleados a adherirse a este derecho.
PLANES DE CAMBIO DE CONDICIONES
Granado adelantó que se incentivará a todas aquellas empresas que sobrepasen la media de absentismo a desarrollar planes de cambio de las condiciones laborales, y afirmó que los planes ya aplicados «nunca han salido mal, sus resultados fueron modestos o un éxito», por lo que exigió «responsabilidad» a los empresarios para combatir el problema.
Además, apuntó que los costes directos e indirectos derivados de las prestaciones por baja laboral alcanzan los 1.000 millones de euros, y consideró que las empresas y la Administración pueden sufragar estos gastos flexibilizando el mercado laboral.
Por último, el secretario de Estado ironizó con la situación del absentismo al trabajo existente en España: «Contamos con una esperanza de vida elevada, pero mientras trabajamos nuestra vitalidad se resiente. Sólo la jubilación nos devuelve la buena salud».
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