El Congreso debatirá el jueves la convalidación del decreto de medidas laborales orientadas a frenar la escalada del paro y a incentivar el crecimiento del empleo, una votación que se producirá mientras, a las puertas de la Cámara, tendrá lugar una concentración para exigir al Gobierno que adopte con urgencia nuevas medidas ante la situación de «asfixia» financiera que sufren autónomos y pymes.
La movilización ha sido convocada por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y las patronales de pymes de Cataluña (Pimec) y Baleares (Pimeb), a las que posteriormente se han ido adhiriendo otras organizaciones de carácter regional.
Ni siquiera la reunión que mantuvo el pasado miércoles con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha servido para que ATA cambie su intención de manifestarse, si bien la protesta no se ha visto secundada por otra de las organizaciones ‘fuertes’ de los autónomos, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), que prefiere mantener de momento las cosas en el plano de la negociación.
ARITMÉTICA PARLAMENTARIA
El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, será el encargado de defender ante la Cámara el paquete de medidas urgentes contra el paro que, con un coste de 1.577 millones de euros, fue aprobado sin el acuerdo con los agentes sociales.
Aunque la oposición es reacia a aclarar el sentido de su voto sobre esta iniciativa antes de las reuniones de los grupos parlamentarios de los próximos días, en fuentes parlamentarias se da por sentado que el texto será convalidado con un apoyo amplio.
No se puede decir lo mismo de la otra de las votaciones sobre este decreto, la que hace referencia a la posibilidad de tramitarlo como proyecto de ley para que los grupos puedan introducir enmiendas. Mientras que formaciones como CiU y ERC ya han adelantado su intención de apoyar esta idea, a la que se sumará previsiblemente el PNV, el PP se reserva por ahora el sentido de su voto.
AFECTADOS POR ERE
Entre las medidas que contempla el decreto, se encuentra la autorización a los empleados afectados por un ERE a que trabajen en otra actividad mientras se resuelve su situación, una iniciativa que se venía barajando, pero que no se preveía incluir ‘a priori’ en el decreto.
Además, la empresa que contrate a parados podrá bonificarse el 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social, mientras que si la contratación es de personas afectadas por un ERE la bonificación será del 50%. Asimismo, el Ejecutivo ha aprobado la posibilidad de que las empresas «viables» puedan fraccionar o aplazar el pago de las cuotas a la Seguridad Social para poder seguir desarrollando su actividad.
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