La reestructuración del sector público naval español tuvo un coste para el Estado de 3.515,6 millones de euros entre 2000 y 2006, según consta en el ‘Informe de fiscalización del proceso de reordenación de las empresas estatales del sector de la construcción naval producido durante el periodo 2000-2006’, elaborado por el Tribunal de Cuentas.
Esta cantidad se reparte entre 2.478,4 millones de euros en concepto de aportaciones a los astilleros públicos dependientes de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) y 1.037,3 millones derivados de los compromisos del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Izar, que afectó a 3.983 trabajadores, y los de astilleros de Sestao y Manises, sobre 356 empleados.
En el documento, el máximo órgano fiscalizador recuerda que este proceso se ordenó en dos fases, la primera de ellas entre 2000 y 2004, bajo el Gobierno ‘popular’ de José María Aznar, con el objetivo de conseguir la «rentabilidad económica» del grupo empresarial Izar, que se creó un año más tarde.
La segunda fase dio comienzo en julio de 2004, motivado por las «importantes pérdidas» de Izar como por la decisión de la Comisión Europea de declarar ilegal las aportaciones públicas tanto a esta empresa pública como a Astilleros de Puerto Real, Sevilla y Sestao (AESA), obligando a su devolución por un importe total de 1.342 millones de euros.
LA LIQUIDACIÓN DE IZAR COSTÓ 431,7 MILLONES
La decisión del primer Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de liquidar Izar se materializó en abril de 2005 y ha supuesto que SEPI tenga que desembolsar 431,7 millones de euros para compensar pérdidas, en una operación «que se encuentra aún en proceso de ejecución».
Asimismo, el proceso de enajenación de los astilleros de Gijón, Sevilla y Sestao, cerrada en 2006, han supuesto unos beneficios para las arcas públicas de 8.108,5 millones de euros.
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