El Gobierno estima que, entre octubre de 2008 y diciembre de 2009, un total de 617.600 trabajadores se verán afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE) de suspensión temporal, de los que 247.000 acabarán despedidos. Los cálculos del Ejecutivo se refieren al periodo octubre 2008-diciembre 2009 porque son precisamente estos 15 meses los que se tendrán en cuenta a efectos de la reposición de prestaciones por desempleo y de la concesión de bonificaciones a las empresas que presenten un ERE de suspensión.
Estas dos iniciativas forman parte del Decreto-Ley de medidas urgentes contra el paro aprobado el pasado viernes y su coste conjunto será de 1.330,5 millones de euros, de los que 375 millones corresponderán a las bonificaciones y 955,5 millones de euros a la reposición de prestaciones por desempleo. El montante de ambas medidas supone el 84,3% del coste total de las nuevas medidas, cifrado en 1.577,5 millones de euros.
Para llegar a tales cifras, el Gobierno ha hecho números y ha estimado el volumen potencial de beneficiarios basándose en los datos que tiene disponibles. Así, calcula que las bonificaciones empresariales en los supuestos de regulaciones temporales de empleo, consistentes en el 50% de la cuota, beneficiarán a 449.000 trabajadores de los 617.600 que se estima se verán afectados por un ERE temporal. El motivo de esta diferencia es que para tener derecho a esta bonificación la empresa debe mantener el empleo durante al menos el año posterior a la presentación del ERE.
El Gobierno cree que esto sólo se producirá en un 80% de los casos, y reconoce que la aprobación de este Decreto-Ley puede aumentar la duración media de las suspensiones de empleo en un 33%, desde los 83 días por trabajador del periodo octubre-diciembre de 2008, hasta 110 días por trabajador. Con estos datos y teniendo en cuenta que el salario medio de los trabajadores en suspensión de empleo fue de 2.040 euros mensuales en el último trimestre del año pasado, el Gobierno cifra en 375 millones de euros el coste total de las bonificaciones.
En cuanto a la reposición de las prestaciones por desempleo, las medidas diseñadas por el Gobierno, que no han contado con el respaldo de los agentes sociales, tratan de garantizar que el trabajador al que se le suspenda el contrato de trabajo o reduzca su jornada no sufra merma de sus derechos de prestación.
El período máximo de reposición de la prestación por desempleo, si el ERE finaliza en extinción (despido), será de 120 días, mientras que el período máximo de reposición de la prestación por suspensión, en el supuesto en que el trabajador haya agotado el cobro del paro, será de 90 días.
El Gobierno prevé que los beneficiarios de la reposición límite de 90 días serán aquellos trabajadores que en el momento de la primera suspensión temporal de empleo tuvieran derecho a cuatro meses de prestación contributiva. Según datos del Inem, el porcentaje de beneficiarios de prestaciones por desempleo con derecho a cuatro meses supone el 20% del total de beneficiarios de prestaciones por desempleo, si bien un elevado número de ellos son trabajadores que ven extinguido su contrato temporal y que no suelen ser incluidos en un ERE de suspensión.
42 MILLONES EN BONIFICACIONES A TIEMPO PARCIAL
En total, el Ejecutivo calcula que la reposición de prestaciones hasta 90 días en los casos de agotamiento de la prestación beneficiará al 10% de los trabajadores suspendidos de empleo desde la entrada en vigor de la ley hasta final de año, esto es, unos 45.000 trabajadores. Con este dato y estimando un máximo de 60 días de reposición de prestaciones, la medida saldría por 98,5 millones de euros.
En el caso de la restitución de prestaciones a los trabajadores despedidos tras un ERE de suspensión (con un límite de 120 días), el Gobierno hace el siguiente cálculo. De los 247.000 trabajadores que estima que serán despedidos tras un ERE temporal, hay que restar los 45.000 que se beneficiarán de la reposición de la prestación cuando hayan agotado el paro y al menos otro tercio que podrían encontrar empleo antes de consumir plenamente la prestación contributiva. Así, descontándolo todo, el Gobierno prevé que los 151.000 trabajadores serán objeto de reposición de prestaciones y que el número medio de días a reponer será de unos 108. El coste global de esta medida será de 857 millones de euros.
El Decreto-Ley, ya en vigor, contiene otras tres iniciativas con coste económico. La eliminación del periodo de espera entre el fin de la percepción de la prestación por desempleo y el inicio del cobro del subsidio asistencial supondrá un gasto de 100 millones de euros, mientras que el mantenimiento durante dos años más de los 1.500 orientadores que fueron contratados el pasado año para las oficinas de los servicios públicos de empleo costará 105 millones de euros.
La tercera medida se refiere a la bonificación de los contratos a tiempo parcial, cuyo coste ascenderá a unos 42 millones de euros. La idea es hacer más atractiva la contratación a tiempo parcial, a través de un incremento del 25% sobre la actual escala de bonificaciones a este tipo de contratos.
Según el Gobierno, la implantación de este nuevo esquema de bonificaciones provocará un repunte de la contratación a tiempo parcial del 20% anual. Con el programa de ayudas anterior, el coste medio de las bonificaciones a tiempo parcial era de 682 euros al año, frente a los 852 euros anuales que implicarán ahora.
Otra de las iniciativas aprobada por el Ejecutivo y que ha llamado mucho la atención es convertir la prestación por desempleo en una especie de bonificación empresarial para la contratación indefinida de parados. Esta medida, de acuerdo con sus cálculos, tendrá un coste neutro pues la bonificación consistirá en el importe de la prestación del trabajador pendiente de cobro.
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