El Consejo de Ministros aprobó hoy una "austera" Oferta de Empleo Público (OEP) para 2009, que supondrá un recorte de plazas del 42,7% respecto a las ofertadas en 2008.
En concreto, para este año se convocarán 17.948 plazas de acceso libre, a las que se sumarán otras 2.613 de promoción interna, en total 20.561 plazas.
Las plazas para 2009 contrastan con las ofertadas en 2008, año para el que se convocó la mayor OEP de la historia española, con 35.895 puestos ofertados.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Administraciones Públicas, Elena Salgado, ahondó en esta cuestión, señalando que la OEP para 2009 es "muy austera y muy adecuada" al actual momento económico. No obstante, precisó que la reducción del número de plazas en la convocatoria de este año, consistente en reponer sólo el 30% de las vacantes, no afectará a la prestación de los servicios públicos esenciales.
La limitación de la tasa de reposición no se ha aplicado de manera estrictamente proporcional, ya que se ha primado la incorporación de empleados públicos en los sectores que pueden contribuir a la recuperación de la economía española, como el de las tecnologías de la información y la lucha contra el fraude fiscal.
Este tope, insistió Salgado, no se aplica a los servicios públicos considerados esenciales, como las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, que contará con 4.957 plazas; la Administración de Justicia (2.883 plazas), Instituciones Penitenciarias (1.572 plazas), Educación, Sanidad, Inspección de Trabajo o seguridad aérea.
Tampoco afectará al personal que trabaja en la gestión de las políticas activas de empleo, de las prestaciones por desempleo y en el control y lucha contra el fraude fiscal y el control del gasto público, subrayó la ministra.
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Salgado destacó además que la OEP para 2009 establece por primera vez que el 2% de los puestos se reservarán a personas con algún tipo de discapacidad intelectual.
Este porcentaje se añade al 5% de reserva para personas con discapacidad física o sensorial que ya se venía aplicando en anteriores convocatorias, lo que eleva a un 7% el porcentaje total de plazas destinadas a personas con algún tipo de discapacidad en la Administración General del Estado.
La OEP para 2009 profundiza además en las medidas que aseguran la igualdad de hombres y mujeres en los procesos selectivos, de forma que aquellos en los que existan pruebas físicas contarán con baremos diferentes para mujeres y hombres.
Asimismo, se permitirá aplazar las pruebas a las mujeres que, por embarazo de riesgo o parto, no puedan concluir los procesos selectivos con el resto de los aspirantes.
Toda la tramitación necesaria para participar en las distintas pruebas selectivas, así como el seguimiento del proceso, podrán realizarse por vía telemática.
RACIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
El Consejo también ha aprobado, a propuesta de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas, un acuerdo para racionalizar los recursos humanos en la Administración General del Estado (AGE) y optimizar los gastos de personal.
En virtud de este acuerdo, ambos Ministerios deberán proponer, antes del 1 de junio, una adecuación de sus relaciones y catálogos de puestos de trabajo para reducir el número de vacantes a un máximo del 8% del total de puestos de trabajo de cada Ministerio u organismo.
La idea, explicó Salgado, es identificar aquellos puestos que en el futuro no será necesario cubrir, de manera que cuando se vayan quedando vacantes, no vuelvan a reponerse.
Las relaciones de puestos de trabajo y catálogos se adaptarán a los criterios y disponibilidades presupuestarias establecidos por los Departamentos de Economía y Hacienda y Administraciones Públicas.
El Ministerio de Administraciones Públicas fijará un procedimiento de selección de personal interino con el fin de atender las necesidades coyunturales de recursos humanos que tengan que ser provistas de forma urgente e inaplazable.
Para ello, se recurrirá a las listas de candidatos que hayan superado algún ejercicio del proceso de selección a los cuerpos de la Administración General del Estado, aunque todavía no hayan aprobado la totalidad de las pruebas.
Estas medidas no serán de aplicación a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y a la Administración de Justicia.
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