Diálogo Social: El ministro de Trabajo afirma que el tiempo para negociar sobre empleo se agota

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, avisó el martes a los agentes sociales de que el tiempo para la negociación de las propuestas que se están debatiendo en la mesa de empleo del diálogo social se está agotando y que este proceso’no puede eternizarse’. ‘Estamos en tiempo de descuento, en la prórroga. Hay que decidir’, avisó Corbacho, que confió en que esta misma semana o a la sumo la próxima se haya cerrado el debate para que comiencen a implementarse las medidas discutidas, algunas de las cuales requerirán un desarrollo normativo.

Las medidas a debate en la mesa del empleo parecen contar con un apoyo razonable tanto de la parte sindical como de la empresarial. Sin embargo, el ministro reconoció que, a nivel global, no existe a día de hoy ‘una aproximación al cien por cien’ entre los agentes sociales. Aunque Corbacho confía aún en que haya acuerdo, no aspira ya a que sindicatos y empresarios compartan ‘grandes unanimidades ni grandes entusiasmos’, pero sí un ‘consenso razonable’. ‘Y creo que lo va a haber’, apostilló en declaraciones a los periodistas tras participar en la constitución del Consejo General de Sistema Nacional de Empleo.

Esas medidas sobre las ‘al final, habrá que decidir’ y que para el ministro son ‘imprescindibles y necesarias’, pasan por dar garantías de protección a los desempleados, incentivar la contratación y aliviar los costes empresariales en cotizaciones y darles mayor facilidad para acceder al crédito. ‘No se trata de que -los agentes sociales- compartan el cien por cien de todas las medidas, puede incluso haber reservas, pero queremos que estas líneas de trabajo estén lo antes posible’, enfatizó.

EREs

Entre las medidas que estudian agentes sociales y Gobierno figura la de situar en un máximo de 120 días el periodo temporal en el que se podrán reponer las prestaciones por desempleo para los trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo (ERE) de carácter temporal que vieran finalmente extinguida su relación laboral, tal y como anunció ayer el ministro.

En realidad, Corbacho explicó que la horquilla que se baraja va desde los 90 a los 120 días, si bien él se mostró proclive a situar el tope en 120 días, tal y como están pidiendo los sindicatos y como viene contemplado en el plan de automoción. ‘No sería razonable que hubiera horquillas diferentes’, apuntó.

De aprobarse esta medida, ello supondría que a un trabajador inmerso en un ERE de suspensión temporal que al final se quedara sin contrato no le contaría el periodo de prestación por desempleo que hubiera consumido durante la suspensión temporal de empleo, con un máximo de 120 días. Es decir, si el trabajador tuviera derecho a, por ejemplo, 200 días de prestación por desempleo y se viera afectado por un ERE temporal de una duración de 60 días, recuperaría todo el periodo de prestación consumido si finalmente se fuera despedido.

Así, finalizada esa relación laboral, seguiría teniendo derecho a cobrar 200 días de prestación por desempleo, en lugar de descontársele de la misma esos 60 días en los que duró el ERE temporal. Esta puesta del ‘contador a cero’ en la prestación por desempleo, como se denomina usualmente, tendría un tope de 120 días, siempre y cuando saliera adelante la horquilla máxima que se baraja en el diálogo social.

Para los ERE temporales también se estudia bonificar las cotizaciones a la Seguridad Social que soportan los empresarios por los trabajadores que están suspendidos de empleo, a fin de aligerarles los costes en la actual coyuntura económica.

Aunque el ministro no detalló a cuánto ascendería dicha bonificación, en el documento que se discute en el diálogo social se habla de una bonificación del 50% en las cuotas empresariales, excluida la incapacidad temporal, condicionada a que la empresa se comprometa a mantener el empleo durante, al menos, el año posterior a la suspensión.

Corbacho señaló que el objetivo de estas medidas es ‘facilitar’ los ERE de suspensión temporal frente a los de extinción de empleo, a fin de reducir al mínimo la destrucción de empleo y del tejido productivo.