Cientos de imputados en libertad provisional no pueden desde hace una semana firmar ante los Juzgados como parte de las medidas cautelares impuestas para asegurar su presencia con el fin de que no puedan darse a la fuga. Esta situación se está produciendo con motivo de la huelga iniciada el pasado 16 de febrero por los funcionarios de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid.
Desde hace una semana, la ventanilla de los Juzgados de Instrucción y Primera Instancia de Plaza de Castilla que se ocupa de controlar a las personas acusadas en algún procedimiento judicial que no permanezcan en prisión preventiva está cerrada ante la ausencia de trabajadores que lleven a cabo esta labor. Un día normal, es habitual que se formen largas colas de acusados que deben certificar su presencia en la capital o en el país como medida cautelar.
En muchos casos, el juez impone a los imputados comparecencias semanales, quincenales o mensuales para asegurar la presencia del acusado en el juicio. Por tanto, la huelga podría facilitar que se den situaciones de fuga sin que la Justicia se percate hasta que los funcionarios retomen su actividad normal.
No obstante, muchos de los abogados de los clientes que no pueden firmar están comunicando al Juzgado esta situación para evitar que se decreten ingresos en prisión por este motivo. "Mi cliente está preocupado porque no puede firmar al estar la ventanilla cerrada desde hace una semana", manifestó a Europa Press un letrado que defiende a uno de los imputados en el ‘caso Guateque’, que investiga el juez Santiago Torres.
Mientras que los procesos se acumulan, los representantes sindicales de CC.OO, STAJ, UGT y CSI-CSIF tratarán hoy de llegar a un acuerdo con el viceconsejero de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, Alejandro Halffter. Los delegados sindicales aspiran a que el convenio que se pacte con la Comunidad incluya un plan de choque que incremente la plantilla de los Juzgados de lo Penal y del Registro Civil de la calle Pradillo.
10.000 ACTUACIONES BLOQUEADAS
La situación generada por la huelga es crítica. Hasta ahora, la cifra de procedimientos judiciales bloqueados se eleva a 10.000, entre actuaciones judiciales, trámites y juicios, es decir, una media de 2.000 al día. El Registro Civil es una de las sedes más afectadas por el plantón de los trabajadores de la Justicia madrileña, con consecuencias directas para los ciudadanos.
Los madrileños no pueden inscribir a sus hijos recién nacidos ni pueden certificar el fallecimiento de sus familiares. Esta situación provocó la pasada semana que algunas personas perdieran los nervios, llegando a increpar a los funcionarios que se encontraban en la sede como parte de los servicios mínimos.
Entre otras medidas, los sindicatos reclaman 74 personas más para el Registro Civil de Madrid, un aumento de dos a cuatro trabajadores en los Juzgados de lo Penal y 50 nuevos puestos en la Fiscalía de Madrid.
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