El Comité Nacional de Huelga ha cifrado en un 70% el seguimiento del paro que ayer llevaron a cabo jueces y magistrados de toda España para exigir al Gobierno mejoras estructurales a favor de la Administración de Justicia.
Un total de 2.192 miembros de la carrera judicial de los 3.500 que ejercen labores jurisdiccionales ejercieron su derecho a la huelga, la primera que se convoca en España por el hartazgo de la Judicatura.
La cifra del Comité, que excluye a los jueces sustitutos y con excedencias, se computó a través de las comunicaciones realizadas de manera individual por cada juez al Comité y a través de los faxes remitidos a los respectivos tribunales superiores de justicia.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por su parte, estimó el seguimiento en poco más del 35%, qur representa a un total de 1.621 jueces.
Consecuencias de secundar la huelga
Los jueces que hayan secundado la huelga podrán sufrir las consecuencias de su decisión en dos ámbitos diferentes: El disciplinario -la no asistencia a un señalamiento puede ser motivo de expediente por falta grave, según la Ley Orgánica del Poder Judicial-, y el retributivo, pues se les podría descontar del sueldo el día de no asistencia injustificada a su puesto de trabajo.
En cualquier caso, diferentes fuentes consultadas han advertido de la dificultad de contabilizar a los huelguistas si éstos no se identifican como tales, puesto que en muchos órganos judiciales (con excepción quizá de los de Instrucción Penal), los jueces no asisten a diario a sus despachos, ya que tienen días previstos para vistas y el resto pueden deliberar y redactar sentencias desde su domicilio.
Demandas de los jueces
Las demandas de la Judicatura pasan por la instauración de la nueva oficina judicial, la implantación en los juzgados de las nuevas tecnologías, el establecimiento de una carga máxima de trabajo razonable que pueda asumir cada juez, la adopción de medidas necesarias para la conciliación de la vida laboral y familiar de los magistrados y una adecuación de las retribuciones que perciben.
Los jueces reclaman un incremento presupuestario de un 3,5 por ciento, un ratio de jueces como el de la media europea, es decir, 20 por cada 100.000 habitantes, y controlar la agenda de señalamientos ante la previsión de la Oficina Judicial de dar esta potestad a los secretarios judiciales.
Sobre el incremento de la plantilla, estiman que se necesita un plazo de cinco años para que se creen 1.200 plazas judiciales -ahora hay 4.400, con jueces profesionales- con miras a afrontar el exceso de trabajo que asumen los magistrados de la capital.
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