1 de noviembre de 2024
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Sólo dos magistrados de la Audiencia Nacional secundan la huelga de la Judicatura

Sólo dos magistrados de la Audiencia Nacional secundan la huelga de la Judicatura

Sólo dos jueces de la Audiencia Nacional -el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, y el juez de lo contencioso-administrativo Carlos de Rozas- han secundado la huelga de jueces convocada hoy en todo el territorio nacional a pesar de que la Junta de Jueces Centrales ha apoyado las reivindicaciones de la carrera judicial, según un escrito hecho público hoy.

El documento se solidariza con las demandas de los huelguistas y apoya la dignidad profesional y el respeto a la carrera judicial, así como el mantenimiento de la independencia judicial y "la despolitización de la Justicia".

Los asistentes a la Junta que respaldó el escrito, celebrada el pasado día 16 y presidida por el juez decano Santiago Pedraz, reclaman además la supresión de la intromisión y las injerencias de la política en la Justicia y "la configuración" de la misma "como un auténtico Poder del Estado". "Para que no se gobierne al juez bajo amenaza constante", dice el escrito.

Defienden también la necesidad de que el régimen disciplinario judicial se base en el principio de legalidad y culpabilidad y no en el de responsabilidad objetiva o por el resultado, en clara referencia a la sanción impuesta al juez de instrucción número 1 de Sevilla, Rafael Tirado.

Los magistrados de la Audiencia Nacional reclaman una elección "realmente democrática de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)" y la instauración de la elección directa de los altos cargos judiciales en listas abiertas y teniendo en cuenta una normativa básica de los requisitos de profesionalidad, mérito y capacidad.

Entre sus reivindicaciones figuran la imposición de una dotación de funcionarios "profesionales y debidamente formados", la conservación de la potestad de señalar del juez, el mantenimiento de una carga de trabajo razonable, la supresión del traslado forzoso por ascenso, la conciliación de la vida familiar y laboral y la puesta en marcha de una inversión pública en Justicia que alcance el 3,5 del PIB.

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