26 de noviembre de 2024
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Los ciudadanos no pudieron ayer registrar a los recién nacidos ni certificar las muertes de familiares

Los ciudadanos no pudieron ayer registrar a los recién nacidos ni certificar las muertes de familiares

Un 81,6% de los trabajadores de la Justicia madrileña respaldó el segundo día de huelga que originó el bloqueo de 2.000 actuaciones judiciales, de las que 500 correspondieron al Registro Civil de la calle Pradillo. La jornada, seguida por 38,66% de los funcionarios según la Comunidad, estuvo marcada por la masiva concentración que se realizó en la calle Gran Vía, a unos metros de la sede de la Dirección General de Justicia de la Comunidad de Madrid.

Los huelguistas iniciaron su segundo día de paro con una protesta en los centros de trabajo del Registro Civil y de los Juzgados de lo Social de la calle Hernani. A continuación, desplazaron sus reivindicaciones a la calle Gran Vía, donde se reunieron 1.200 funcionarios. La marea judicial obligó a cortar el tráfico durante algo más de media hora.

El Registro Civil de la calle Pradillo se convirtió de nuevo en la sede más afectada por el paro de los funcionarios. Pese a las largas colas, sólo se dieron 57 números. Cada día, este registro realiza 270 partidas de nacimiento y abre 400 expedientes de extranjería. En la jornada de hoy, los madrileños no pudieron registrar a sus hijos recién nacidos ni certificar la muerte de sus familiares.

El departamento que dirige Francisco Granados insistió a Europa Press que "sigue trabajando" para llegar a un acuerdo con los huelguistas lo antes posible. Sin embargo, la parte contraria sostiene que Granados no se ha sentado todavía para dialogar con los representantes sindicales. Además, dejan claro que, al margen de cuestiones económicas, urge la puesta en marcha de un plan de choque para incrementar la plantilla de los Juzgados de lo Penal y del Registro de la calle Pradillo, los órganos judiciales más atascados.

La convocatoria de huelga, realizada por CC.OO., STAJ y UGT con carácter indefinido, se produce como protesta a las políticas restrictivas que está llevando a cabo el Gobierno regional en materia económica y de personal. A ello se suma el incumplimiento de los acuerdos pactados en diciembre de 2007 por el ex consejero de Justicia Alfredo Prada. El convenio contemplaba un plan de choque para incrementar las plantillas de los Juzgados de lo Penal o el Registro Civil, las sedes judiciales más atascadas de Madrid.

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