Jueces y magistrados de la práctica totalidad de órganos judiciales de toda España están convocados el próximo miércoles, día 18, a secundar lo que sería la primera huelga de este colectivo en la historia, en demanda de mejoras estructurales en la Administración de Justicia. La protesta es respaldada por cerca del 20 por ciento de la Carrera, que apoyó la adopción de la medida en juntas de jueces celebradas el pasado 21 de enero en sus respectivos territorios y por dos de las cuatro asociaciones a las que pertenece el 40 por ciento de la Judicatura (Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente).
Ante la inhibición al respecto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), jueces decanos, representantes de ambas asociaciones y de diferentes juntas acordaron en una asamblea celebrada ayer en Madrid el establecimiento de unos servicios mínimos ‘responsables’, especialmente para las situaciones en las que puedan ‘estar en juego’ los derechos fundamentales.
En concreto, entre las actuaciones que no sufrirán retraso por la huelga está el registro civil de matrimonios y, en materia penal, la celebración de juicios con causa con preso y las diligencias de servicios de guardia que afecten a derechos fundamentales como entradas y registros o intervenciones telefónicas.
En el plano contencioso administrativo, también quedarán excluidos de la huelga el tratamiento de los recursos contencioso electorales de las Comunidades Autónomas en las que hay convocatorias electorales, Galicia y País Vasco, y las cuestiones que afecten a las juntas electorales.
RAZONES
Los jueces han convocado este paro como medida de presión para que el Ministerio de Justicia y el CGPJ acepten sus reivindicaciones, que pasan por un incremento retributivo, la adecuación del ratio de jueces al de la media europea y el no perder la agenda de los señalamientos (potestad que una reforma legal prevé asignar a los secretarios judiciales).
La huelga es fruto del malestar del colectivo tras las críticas vertidas por el Gobierno central a raíz de la decisión del Consejo de sancionar con 1.500 euros al juez de Sevilla Rafael Tirado, cuya actuación permitió que el supuesto asesino de la niña Mari Luz estuviera en libertad pese a estar condenado por pederasta.
Con motivo del ‘caso Mari Luz’, que evidenció la precariedad en la que trabajan los jueces, la Judicatura se movilizó a través de sus canales internos en Internet para escenificar su desazón en una jornada de huelga.
Aunque el CGPJ entiende que no hay ‘cobertura legal’ para el ejercicio del derecho de huelga por parte de los jueces, la Judicatura española se plantará por primera vez en la historia para denunciar la grave situación que afrontan.
Con el respaldo a la huelga, FV y FJI se distanciaron de la propuesta consensuada el pasado 12 de enero con el resto de asociaciones (la Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia), que pasa por realizar meras concentraciones el día 18 a la puerta de los juzgados y una posible huelga para el 26 de junio.
Pese a firmar dicho acuerdo, días más tarde las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente presentaron ante el órgano de gobierno de los jueves una convocatoria formal de huelga, desmarcándose de sus compañeros.
PRECARIEDAD Y COLAPSO
Las demandas de la Judicatura pasan por la instauración de la nueva oficina judicial, la implantación en los juzgados de las nuevas tecnologías, el establecimiento de una carga máxima de trabajo razonable que pueda asumir cada juez, la adopción de medidas necesarias para la conciliación de la vida laboral y familiar de los magistrados y una adecuación de las retribuciones que perciben.
Los jueces reclaman un incremento presupuestario de un 3,5 por ciento, un ratio de jueces como el de la media europea, es decir, 20 por cada 100.000 habitantes, y controlar la agenda de señalamientos ante la previsión de la Oficina Judicial de dar esta potestad a los secretarios judiciales.
Sobre el incremento de la plantilla, estiman que se necesita un plazo de cinco años para que se creen 1.200 plazas judiciales –ahora hay 4.400, con jueces profesionales– con miras a afrontar el exceso de trabajo que asumen los magistrados de la capital.
El juez decano de Madrid, José Luis González Armengol, y el miembro del comité nacional de huelga Luis Sanz Acosta, señalaron a Europa Press que la reunión mantenida en Madrid sirvió para ‘organizar la jornada y todos sus pormenores’ en un ejercicio que consideran de ‘responsabilidad’ para ‘garantizar a los ciudadanos que se realizarán las actuaciones más urgentes’ y a la vista de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no fijó los servicios mínimos.
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