Jueces decanos y representantes de juntas de jueces en los los territorios que respaldan la huelga convocada para el próximo día 18 en la práctica totalidad de los órganos judiciales españoles se reúnen hoy en la sede de los juzgados de instrucción de Madrid junto con representantes de las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria (FV) y Foro Judicial Independiente (FJI) -que respaldan los paros-, con el objetivo de organizar la jornada del miércoles.
Los jueces han convocado este paro como medida de presión para que el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acepten sus reivindicaciones, que pasan por un incremento retributivo, la adecuación del ratio de jueces al de la media europea y el no perder la agenda de los señalamientos (potestad que una reforma legal prevé asignar a los secretarios judiciales).
La huelga es fruto del malestar del colectivo tras las críticas vertidas por el Gobierno central a raíz de la decisión del Consejo de sancionar con 1.500 euros al juez Rafael Tirado, cuya actuación permitió que el supuesto asesino de la niña Mari Luz estuviera en libertad pese a estar condenado por pederasta.
Con motivo del ‘caso Mari Luz’, que evidenció la precariedad en la que trabajan los jueces, la Judicatura se movilizó a través de sus canales internos en Internet para escenificar su desazón en una jornada de huelga.
Aunque el CCGPJ entiende que no hay ‘cobertura legal’ para el ejercicio del derecho de huelga por parte de los jueces, la Judicatura española se plantará por primera vez en la historia para denunciar la grave situación que afrontan. El juez decano de Madrid, José Luis Armengol, recordó ayer que el Poder judicial ‘no tiene competencia para legislar’. ‘El derecho de huelga no tiene restricciones’, aseveró a Europa Press.
Con el respaldo a la huelga, FV y FJI se distanciaron de la propuesta consensuada el pasado 12 de enero con el resto de asociaciones (la Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia), que pasa por realizar meras concentraciones el día 18 a la puerta de los juzgados y una posible huelga para el 26 de junio.
Días más tardes, las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente presentaron ante el órgano de gobierno de los jueves una convocatoria formal de huelga, desmarcándose de sus compañeros.
DEMANDAS DE LA JUDICATURA
Las demandas de la Judicatura pasan por la instauración de la nueva oficina judicial, la implantación en los juzgados de las nuevas tecnologías, el establecimiento de una carga máxima de trabajo razonable que pueda asumir cada juez, la adopción de medidas necesarias para la conciliación de la vida laboral y familiar de los magistrados y una adecuación de las retribuciones que perciben.
Los jueces reclaman un incremento presupuestario de un 3,5 por ciento, un ratio de jueces como el de la media europea, es decir, 20 por cada 100.000 habitantes, y controlar la agenda de señalamientos ante la previsión de la Oficina Judicial de dar esta potestad a los secretarios judiciales.
Sobre el incremento de la plantilla, estiman que se necesita un plazo de cinco años para que se creen 1.200 plazas judiciales -ahora hay 4.400, con jueces profesionales- con miras a afrontar el exceso de trabajo que asumen los magistrados de la capital.
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