Los empresarios de EEUU se han alzado en armas por una controvertida cláusula del plan de estímulo económico que les exige verificar el estatus migratorio de sus empleados y que, a su juicio, les supondrá costes millonarios.
Según cálculos de economistas, la obligatoriedad de la ley supondría un coste de al menos 1.000 millones de dólares a la comunidad empresarial.
La versión del plan que aprobó la Cámara de Representantes el pasado 28 de enero contiene una cláusula, propuesta por el republicano Jack Kingston, que exige que todo contratista federal se inscriba en el programa electrónico ‘E-verify’ para verificar el estatus migratorio de sus empleados.
El sector empresarial, que a través de la Cámara de Comercio de EEUU ya había entablado en diciembre pasado una demanda contra la expansión de ‘E-verify’, continúa presionando al Congreso para que desista de esa idea.
El Senado aprobó ayer su versión del plan de estímulo, que no incluye esa cláusula, pero ambas tienen que ser sometidas a un proceso de armonización bicameral para producir un sólo texto definitivo antes de enviarlo al Despacho Oval.
‘Esperamos que el Congreso desista de la idea de exigir que las empresas y contratistas se inscriban en el programa ‘E-verify’, porque el sistema contiene un alto índice de error y porque costará a los empresarios millones de dólares’, explicó Randy Johnson, miembro de la Cámara de Comercio.
Según Johnson, vicepresidente de asuntos laborales e inmigración de la Cámara de Comercio, en la fuerza laboral de EEUU hay aproximadamente 165 millones de trabajadores y ‘un índice de error de tan sólo un uno por ciento es enorme’.
Johnson señaló que, según cálculos de economistas, la obligatoriedad de la ley supondría un coste de al menos 1.000 millones de dólares a la comunidad empresarial.
‘E-verify’ comenzó como un programa piloto, gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Administración de Seguridad Social (SSA), en el que las empresas pueden verificar el estatus migratorio de sus empleados.
La ley federal prohíbe la contratación de personas que no tengan sus papeles en regla y el Gobierno quiso facilitar, con este programa, el proceso de verificación de documentos.
Hasta ahora la participación en ‘E-Verify’ es voluntaria pero, tras una orden ejecutiva emitida en 2008 por el entonces presidente George W. Bush, será obligatoria para contratistas y subcontratistas federales a partir del próximo 21 de mayo.
La versión del plan de estímulo de la Cámara de Representantes hace esa participación obligatoria, antes de lo previsto, para toda empresa que busque contratos con el Gobierno federal.
Los partidarios de ‘E-Verify’ arguyen que así se combatirá la contratación de inmigrantes indocumentados.
Sin embargo, un estudio encargado por el DHS en 2007 destacó que el programa no está libre de errores y que esos fallos resultan costosos.
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