Los secretarios generales de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, y los presidentes de CEOE y Cepyme, Gerardo Díaz Ferrán y Jesús Bárcenas, respectivamente, reivindicaron ayer el valor del diálogo social, sobre todo ante una situación de crisis económica.
Los cuatro dirigentes lanzaron este mensaje después de firmar el IV Acuerdo de Solución Extrajudicial de Conflictos (ASEC), un documento que llevan suscribiendo desde hace más de una década y con el que se intentan resolver los conflictos entre trabajadores y empresas vía mediaciones y arbitrajes y, por tanto, sin tener que recurrir a los órganos judiciales.
El presidente de la patronal española, que habló también en nombre de Cepyme, manifestó su "firme creencia" en el diálogo social y destacó que éste es más necesario que nunca en una crisis económica "profunda" como la que atraviesa actualmente España.
En el mismo sentido se pronunció el secretario general de UGT, Cándido Méndez, quien subrayó que el diálogo social es la mejor solución en la presente coyuntura económica. "Hacemos votos para que el diálogo, manteniendo los esquemas de los últimos 12 años, siga siendo la referencia del trabajo sindical y empresarial", apuntó.
Para su homólogo de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, el diálogo entre sindicatos y empresarios, cuya máxima expresión es la negociación colectiva, ha contribuido a "desaguar" gran parte de la conflictividad social. En su opinión, en estos momentos de crisis, el ASEC cobra especial importancia, ya que será "inevitable" que aumenten los conflictos en las empresas en la actual coyuntura.
Tanto Méndez como Toxo resaltaron la necesidad de que se sumen a este acuerdo grandes empresas y sectores que hasta ahora no se han adherido al mismo, como el sector financiero o Renfe, por lo que tratarán de que se incorporen en los próximos meses.
Que el Gobierno no se entrometa en la negociación colectiva
Por otra parte, CCOO, CEOE y Cepyme no quieren que el Gobierno se entrometa en la negociación colectiva, porque lo consideran un ámbito bipartito en el que el Ejecutivo tiene poco que decir. UGT, sin embargo, se mostró algo más benevolente con los planteamientos del Gobierno en esta materia.
Este rechazo a que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero interfiera en la negociación colectiva viene a propósito del documento de propuestas que hizo llegar hace unos días a empresarios y sindicatos para su discusión en el diálogo social.
En dicho texto, el Gobierno, a modo de consejo, estima que "sería muy positivo" que el acuerdo interconfederal de negociación colectiva (ANC) para 2009, actualmente en discusión por parte de empresarios y sindicatos, incluyera la recomendación, de manera excepcional para este año y quizá el próximo, de ser "flexible" a la hora de aceptar cláusulas de descuelgue (posibilidad de que las empresas obvien los incrementos salariales pactados), siempre y cuando se hayan firmado acuerdos entre ambas partes que supongan el mantenimiento del empleo.
Al secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, no le ha gustado que el Ejecutivo entre en este tema y, aunque considera que todo el mundo está legitimado para opinar, piensa lo que debería hacer el Gobierno es dedicarse a sus asuntos. "Lo bipartito es bipartito y no estamos aquí para ejercer de lobby, ni una parte ni otra. El Gobierno haría bien en dedicarse a lo que debe", subrayó.
En UGT lo ven de un modo distinto. A la responsable de Coordinación de Negociación Colectiva del sindicato, Josefa Solá, "no le importa" que Zapatero lance mensajes apelando a "la responsabilidad y la cordura" de los agentes sociales a la hora de negociar los convenios colectivos.
Es más, Solá señaló que se evitarían muchos expedientes de regulación de empleo si las empresas con dificultades económicas recurrieran en mayor medida a las cláusulas de descuelgue o de inaplicación salarial. Dichas cláusulas, recordó Solá, implican que la presentación, por parte de la empresa, de un plan de viabilidad y la negociación con los trabajadores de los incrementos salariales dejados de percibir durante el tiempo correspondiente.
Los empresarios, por su lado, se mostraron más en línea con CCOO al ser preguntados por el hecho de que el Gobierno les haya hecho recomendaciones sobre la negociación colectiva. El secretario general de CEOE, José María Lacasa, defendió que éste es un ámbito en el que debe respetarse la autonomía de las partes, mientras que su homólogo de Cepyme, Elías Aparicio, también resaltó que se trata de una materia bipartita, en la que lo importante es la propia responsabilidad de los agentes sociales.
Lo cierto es que la renovación del ANC para 2009, que sirve de guía para que empresas y trabajadores negocien los convenios, se presenta complicada, hasta el punto de que CCOO opina que, a estas alturas, casi un mes y medio después de haber comenzado el año, lo mejor es prorrogar el acuerdo de 2008 en lugar de buscar uno nuevo para 2009. Los dos sindicatos confían en que haya un ANC para este año y han instado a la patronal en numerosas ocasiones a ponerse en ello cuanto antes. El plazo que le han dado a los empresarios para cerrar el acuerdo abarca este mes y algunos días de marzo.
Propuestas alternativas
Por otro lado, tanto los sindicatos como los empresarios ya están trabajando en la respuesta que darán al documento que les ha entregado el Gobierno para su debate en el marco del diálogo social. En el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno plantea 10 medidas que considera "urgentes" para la mejora de la protección de los desempleados y el mantenimiento y generación de empleo.
Entre las propuestas que realiza el Gobierno, se encuentran la creación de una nueva línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para facilitar liquidez a medianas empresas que, siendo "solventes y viables", tengan problemas para financiar su capital circulante; evitar que los parados que agoten la prestación tengan que esperar un mes para acceder al subsidio asistencial, retrasar a final de año las dotaciones del Fondo de Reserva, y utilizar una parte de las prestaciones contributivas por desempleo pendientes de recibir por el desempleado como una bonificación para que las empresas les contraten indefinidamente.
CCOO y UGT elaborarán conjuntamente un documento con sus propuestas para el diálogo social a partir del texto del Gobierno, planteando, quizá, posibles alternativas; mejorando lo propuesto o pidiendo más concreción en los temas planteados. Y todo eso sin perder de vista que los objetivos son dos: ponerle freno a la destrucción de empleo y ganar en competitividad. Para ello, dicen en CC.OO. harán falta medidas de corte más inmediatos y otras estructurales, centradas en el cambio del modelo productivo.
CEOE y Cepyme también diseñarán su propias propuestas y no sólo se ceñirán a las medidas del Ejecutivo, en las que echan en falta más "definición y concreción" pese a contener "aspectos" que Lacasa calificó de "interesantes" para el mundo empresarial.
Así, la patronal volverá a demandar una rebaja de las cotizaciones sociales, porque, según el secretario general de CEOE, supondrían "una inyección en vena" para la competitividad empresarial. También quiere llevar a la mesa temas de absentismo y cuestiones relacionadas con la contratación y con la morosidad de las administraciones hacia las empresas.
Lacasa no dijo directamente si los empresarios incluirán en dicho documento la propuesta de la patronal madrileña CEIM de crear un contrato con un despido más barato (20 días por año) y se limitó a decir que analizarán "de manera interna y con toda seriedad" esta idea. Eso sí, reconoció que el abaratamiento del despido no es actualmente el mayor problema de las empresas; lo es la financiación.
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