El Ministerio de Trabajo e Inmigración ha entregado a los agentes sociales un documento en el que propone retrasar la entrada del superávit de la Seguridad Social en el Fondo de Reserva de las pensiones a fin de disponer de él en previsión de que puedan aumentar las empresas que, por sus dificultades financieras, necesiten aplazar el pago de cotizaciones al sistema, informaron hoy a Europa Press en fuentes de la negociación.
Habitualmente, el superávit de la Seguridad Social, que se destina en un 93%-95% al Fondo de Reserva, se inyecta en la llamada hucha de las pensiones a través de dos dotaciones anuales: una en febrero y otra en julio. Ante un 2009 que se presenta complicado a causa de la crisis económica lo que quiere Trabajo es demorar estas aportaciones hasta final de año para que la Seguridad Social pueda disponer del superávit de 2008 si las empresas piden el aplazamiento de sus pagos.
Con esta medida se garantizaría que la caja de la Seguridad Social no se viera resentida por los menores ingresos que, temporalmente, le supone aceptar los aplazamientos o diferimientos de pagos solicitados por las empresas, y al mismo tiempo se ayudaría a las empresas que se vean en esta necesidad.
En definitiva, el sistema tendría mayor capacidad de maniobra por si le hiciera falta y las empresas algo más de tranquilidad. Esta iniciativa no supondrá en ningún caso que el Fondo de Reserva no acabe teniendo en sus arcas lo que le corresponde.
MEJORAS EN EL DESEMPLEO
Según las fuentes consultadas por Europa Press, Trabajo también ha planteado a sindicatos y empresarios una serie de mejoras en la protección por desempleo.
Una de ellas es que las empresas que efectúen un contrato indefinido a un parado reciban en forma de bonificación parte de la prestación por desempleo que le corresponde a dicho trabajador.
REGLAS COMUNES SECTORIALES PARA LOS APLAZAMIENTOS
Según datos facilitados ayer mismo por el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, la Seguridad Social logró un superávit de 14.428 millones de euros en 2008, el equivalente al 1,31% del PIB.
Durante la rueda de prensa que ofreció para presentar estos datos, Granado señaló que en 2008 la caja de la Seguridad Social dejó de ingresar algo más de 1.900 millones de euros, correspondientes a aplazamientos de cuotas y diferimientos en el pago (aplazamientos sin intereses). En concreto, 749 millones de euros que no cobró el sistema el año pasado eran consecuencia de diferimientos y 1.182 millones de cuotas aplazadas por empresas y ayuntamientos.
Según Granado, la cantidad en lo correspondiente a los aplazamientos en similar a la de otros ejercicios, aunque sí se aprecia un crecimiento de los diferimientos, que en 2007 supusieron un importe de 200 millones de euros, es decir, 549 millones de euros menos de lo que han supuesto en 2008.
En cualquier caso, el secretario de Estado dijo que, sobre el total de ingresos del sistema, no se trata de cifras "significativas" y añadió que, pese a lo que cabía esperar por la situación de la economía española, el número de aplazamientos y diferimientos es, por ahora, inferior al de la crisis del 93.
La deuda pendiente de cobro que tienen adquirida las empresas con la Seguridad Social ronda los 4.000 ó 5.000 millones de euros, un volumen que se ha mantenido más o menos constante en los últimos años. La tasa de morosidad con la Seguridad Social, que a falta de datos definitivos podría haber cerrado 2008 en el 1,20%, es de las más bajas entre los sistemas de protección social europeos.
Ante la actual crisis económica, Gobierno, empresarios y sindicatos van a tratar, en el marco del diálogo social, de pactar unas normas comunes en el aplazamiento en el pago de cuotas a la Seguridad Social (por ejemplo, su duración), a fin de que no haya agravios entre sectores y el tratamiento sea equitativo.
Granado ha descartado un aplazamiento "generalizado" de las cotizaciones para todos los sectores económicos y ha dicho que los aplazamientos deben concederse a aquellas empresas que tienen actividad, pero que carecen de dinero en tesorería para abonar las nóminas de sus trabajadores porque no les pagan sus clientes.
Por el contrario, cree que esta posibilidad de demorar los pagos a la Seguridad Social no es indicada para empresas sin actividad, que no pueden hacerse cargo de los salarios de sus empleados. La solución en esos casos, dijo, debería ser un expediente de regulación de empleo.
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