La UGT y CCOO han advertido del aumento de la siniestralidad, especialmente en la construcción, pese a la caída del empleo que ha conllevado la crisis, época en la que, a juicio del fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, se hace más necesario que nunca la defensa de los derechos de los trabajadores.
Así lo han manifestado los secretarios regionales de UGT y CCOO, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, en rueda de prensa junto al fiscal superior antes de inaugurar ayer unas jornadas sobre colaboración sindical y judicial en materia de siniestralidad laboral.
Según Pastrana, el contradictorio aumento de los accidentes laborales en un momento de descenso del empleo se explica en que, cuando el trabajo escasea, las condiciones laborales ‘se relajan’ y la prevención pasa ‘a un segundo plano’, lo que se ha traducido en un incremento de la mortalidad, especialmente en la construcción.
En Andalucía, los accidentes laborales registrados en 2008 se saldaron con 187 muertos, 1.600 heridos graves y 138.000 leves, ha detallado Carbonero, que ha advertido de que en situación de crisis los trabajadores son ‘más vulnerables’ porque el miedo al despido les lleva a ser menos reivindicativos ante las empresas.
Por ello, el fiscal superior de Andalucía ha considerado que ‘ahora más que nunca’ se hace necesario defender los derechos fundamentales de los trabajadores, ‘no sólo el de la seguridad’.
Los sindicatos han demandado a la administración un aumento de los medios materiales y humanos en la Fiscalía y el ámbito judicial en general para que pueda darse una mayor diligencia en la delimitación de responsabilidades ante accidentes laborales.
Aunque tanto los sindicatos como el fiscal superior han valorado satisfactoriamente el acuerdo de colaboración en materia de siniestralidad suscrito hace unos años entre las organizaciones sindicales y el Ministerio Público, UGT y CCOO entienden que si ese compromiso no se acompaña de medios en la justicia no se avanzará lo necesario.
Según Pastrana, hasta que se dicta una primera sentencia en un caso de siniestralidad laboral transcurre una media de 46 días, que se alarga hasta los 51 si alguna de las partes recurre.
García Calderón ha considerado que, aunque la Fiscalía trabaje en ocasiones en condiciones de precariedad, ‘siempre cumple con su deber de llevar a cabo un examen minucioso de las actuaciones judiciales’, especialmente en un asunto, el de la siniestralidad laboral, sobre el que hay una sensibilización especial.
‘El problema se plantea más sobre las actuaciones que puedan tener una naturaleza preventiva’, según el fiscal, que ha dicho que aunque el Código Penal castiga incumplimientos sistemáticos en materia de prevención sin necesidad de que se produzcan resultados lesivos, el que pudieran llevarse a cabo actuaciones sobre este tipo de delincuencia sería ‘extraordinariamente positivo’.
En esos casos, ha precisado, ‘sí sería importante contar con los medios tecnológicos adecuados’ y con una policía especializada que, ante incumplimientos en materia de prevención, pusiera los hechos en conocimiento del fiscal antes de que se produjera el accidente.
En cualquier caso, García Calderón ha subrayado la aportación que ha supuesto la progresiva especialización de la Fiscalía en la materia para analizar las posibles negligencias y responsabilidades penales.
‘La especialización nos hace más independientes e imparciales y descarta el riesgo de una generalización entre el empresariado, porque nos permite distinguir al empresario responsable del que no lo es’, ha agregado.
Por otra parte, los sindicatos han propuesto hacer extensivo a otros ámbitos de la justicia el acuerdo de colaboración suscrito hace unos años con la Fiscalía.
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