La caída de los ingresos de los ayuntamientos por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria ha elevado de siete a ocho meses y medio el tiempo que tardan las corporaciones municipales en pagar a las empresas que prestan servicios de saneamiento urbano, a pesar de que el tope legal es de sesenta días.
El presidente de la Asociación de Empresas de Limpieza Pública (ASELIP), Francisco Jardón, ha denunciado la ‘indefensión’ de las empresas de saneamiento urbano ante los retrasos en el pago por parte de los ayuntamientos y augura un incremento de la conflictividad laboral en el sector.
Según Jardón, las empresas que forman parte de ASELIP, entre ellas filiales de grandes constructoras como FCC, ACS, Ferrovial o Sacyr, facturan 3.350 millones de euros al año, de los que se cobran con retraso en torno al 64 por ciento.
De acuerdo con los datos de ASELIP, el comportamiento de los ayuntamientos no es uniforme en el conjunto de España, ya que hay comunidades, como Navarra y el País Vasco, que cumplen con el pago en el plazo legal (60 días), mientras que en otras, como Andalucía o Canarias, la demora media llega a dieciséis meses.
Jardón explicó que la morosidad de las corporaciones locales es ‘un mal endémico’ que se arrastra desde hace años, pero admitió que la situación se ha agravado con la crisis, en concreto con el descenso de los ingresos municipales ligados a la construcción residencial.
En la práctica, añadió, las empresas están financiando el déficit de los ayuntamientos, lo que las ha llevado a una situación ‘límite’ y ha expulsado del sector a las compañías de menor tamaño.
En su opinión, la solución pasa por una mejor financiación de las corporaciones locales y por la posibilidad de que los ayuntamientos puedan recurrir al déficit con el aval del Estado.
Otra medida reclamada por ASELIP es que a las empresas con contratos con las administraciones públicas se les exima de pagar el IVA correspondiente a servicios prestados pero no cobrados.
En opinión de Jardón, lo más probable es que los ayuntamientos no revisen al alza los contratos con las empresas de saneamiento urbano, lo que impedirá a éstas atender las reclamaciones de los trabajadores y, previsiblemente, se traducirá en una mayor conflictividad laboral. ‘En esto estamos atados de pies y manos’, apuntó.
Las empresas integradas en ASELIP prestan servicios de saneamiento urbano a 3.500 de los 8.000 ayuntamientos españoles y dan trabajo a unos 90.000 operarios.
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