Dos miembros del comité de empresa de Atención de Emerxencias 112 atribuyeron ayer a su "precaria" situación laboral que "unas 200 personas" no lograran contactar con el servicio durante el temporal que azotó Galicia el fin de semana pasado y, por lo tanto, esas emergencias no fueran atendidas.
En rueda de prensa, el secretario del comité de empresa, Óscar Valladares, apuntó que se llegaron a registrar "más de 90 llamadas en espera durante minutos", mientras que "normalmente, se responden en dos segundos". No obstante, admitió que "un día normal hay 400 llamadas", y, sólo el sábado, se recibieron "más de 1.900".
Esta situación se produjo, según explicó, a pesar de que "todos los puestos de recepción de llamadas estaban cubiertos", ya que los responsables de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega) pidieron a los trabajadores que se presentaran "voluntariamente a trabajar". "Es una improvisación constante", criticó, y denunció que el personal trabaja "como si fueran voluntarios, en el sentido más estricto de la palabra".
"Y no somos voluntarios", incidió el sindicalista de la CIG, e ironizó con que si les pagaran las horas extra "sería una sorpresa". "Sólo nos las pagaron una vez, las de los incendios de hace dos años, y no fue nuestra consellería -Presidencia-, sino la de Medio Rural", evidenció.
En este sentido, Óscar Valladares denunció la "mala política laboral" de la agencia, que provoca "cansancio" en el personal y que el servicio "funcione peor" . Por ello, reclamó una "correcta redimensión de la plantilla", una "regulación real de los turnos de trabajo" y un salario "adecuado" al trabajo que se realiza.
"CULPABLES"
Los dos miembros del comité de empresa del servicio de emergencias que comparecieron ante los medios, Óscar Valladares y Marcos Domínguez, responsabilizaron de esta situación al gerente de Axega, Francisco Echeverría, a la directora xeral de Protección Civil, María Esther González Saavedra, al conselleiro de Presidencia, José Luis Méndez Romeu, responsable de este servicio, y al presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, porque "no quiere saber nada".
De hecho, los sindicalistas de la CIG anunciaron que pondrán en marcha una campaña de información para "señalar a los culpables" y, en concreto, entendieron que "quien bloquea" las mejoras para el personal "es la Administración autonómica". "La empresa aceptó un principio de acuerdo, que no se ha firmado porque la Administración no acepta la subrogación", evidenciaron.
"La Administración marca unas pautas para la contratación de los servicios públicos y es consciente de que no se cumplen los mínimos porque reciben informes", insistieron, al tiempo que criticaron que "se desvincule" de los problemas de este sector "porque no le interesa". "Pero nuestros problemas redundan en problemas para la ciudadanía", advirtieron.
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