El presidente de Ecuador, Rafael Correa, reveló ayer que se están estudiando mecanismos para poner en práctica el llamado ‘seguro de desempleo’ que existe en el país pero que no se ha aplicado.
En su informe semanal de labores, Correa señaló que los trabajadores de Ecuador que cotizan a la seguridad social contribuyen con el llamado ‘seguro de desempleo’ que, según dijo, totaliza 1.400 millones de dólares, y cuya existencia ha sido prácticamente desconocida.
‘Estamos trabajando en eso para que, ahora que enfrentamos una crisis y puede haber desempleo, la gente pueda recibir ese seguro y mantenerse cuatro, cinco o seis meses desempleado hasta encontrar un nuevo puesto de trabajo’, indicó.
Sin revelar fechas, el jefe de Estado señaló que ‘próximamente’ se informará sobre la aplicación de ese mecanismo que existe a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
El anuncio se realizó en momentos en que se teme que la crisis internacional afecte también a empresas ecuatorianas que terminen por reducir personal.
Por otra parte, el Gobierno se encuentra en un proceso de transformación del aparato estatal con la revisión, entre otras, de la cantidad de personal y en ese sentido se ha anunciado la necesidad de reducir empleados en Petroecuador, la empresa estatal más importante del país.
Correa desmintió versiones de la prensa local en las que se mencionaba que se despedirá a unos 1.500 empleados de Petroecuador, anotó que las cifras aún están en estudio pero recalcó que esa empresa tiene demasiado personal, en especial en el área administrativa.
Ante la posibilidad de protestas por el anuncio de reducción de personal en Petroecuador, Correa dijo que todos tienen derecho a manifestarse de forma pacífica pero advirtió que aplicará la Ley en caso de que alguien intente paralizar la industria petrolera.
El jefe de Estado puntualizó que sería una ‘traición a la patria’ el paralizar pozos petroleros en estos momentos.
El petróleo es el principal producto de exportación del país, que con los ingresos por sus ventas financia alrededor del 35 por ciento del presupuesto general del Estado.
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