Los países de la Unión Europea anunciaron el viernes que quieren alcanzar un acuerdo, antes del mes de mayo, con el Parlamento Europeo sobre la ampliación de la jornada laboral hasta las 65 horas semanales.
Los ministros europeos de Empleo analizaron esta semana, por primera vez tras el rechazo del proyecto de directiva sobre tiempo de trabajo, hasta dónde están dispuestos a ceder en las negociaciones.
En un Consejo informal celebrado en Luhacovice -República Checa-, los Veintisiete se mostraron dispuestos a replantear su propuesta de no considerar como tiempo de trabajo los momentos de inactividad de las guardias médicas -espacio entre paciente y paciente-, uno de los puntos que provocó el rechazo de la Eurocámara.
Sin embargo, Alemania, Reino Unido y Polonia manifestaron una posición inamovible en relación a otra cláusula problemática para los eurodiputados, la conocida como ‘opt-out’, que permite, en caso de acuerdo entre empresario y trabajador, superar el límite de las 48 horas trabajadas por semana. España, Bélgica, Hungría, Grecia, Chipre y Portugal tuvieron posiciones más cercanas a las del Parlamento Europeo.
Celestino Corbacho, ministro español de Trabajo, intervino en el curso del almuerzo en el que se debatió esta cuestión para insistir en que España quiere que se elimine la posibilidad de ampliar la jornada por encima de las 48 horas.
La presidencia checa de turno de la UE informó al finalizar el encuentro de que tiene previsto presentar al resto de países miembros una nueva propuesta al respecto que espera que apoyen para poder iniciar negociaciones con el PE en febrero.
El ministro checo de Empleo, Petr Necas, explicó a los periodistas que la elecciones de junio del Parlamento Europeo añaden ‘mucha presión’ a las negociaciones -si ambas instituciones no logran un acuerdo antes del último pleno del PE en mayo la CE tendrá que retirar la propuesta-. ‘Las negociaciones van a ser muy complicadas, pero esperamos progresar en febrero’, aseguró Necas.
El comisario europeo de Trabajo, Vladimir Spidla, recordó que si no se aprueba la propuesta de directiva seguirá en vigor la normativa actual, que data de 1993, y es ‘insuficiente’.
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