La acción judicial fue interpuesta en el Tribunal Supremo de EEUU por Nora Sandigo, de origen nicaragüense, defensora de los menores y directora ejecutiva de la Fraternidad Americana, una organización pro inmigrantes con sede en Miami.
‘Los niños siguen sufriendo al ser separados de sus padres por culpa de las deportaciones y el presidente puede suspenderlas. Para eso existen procedimientos legales’, dijo Sandigo.
Uno de los procedimientos es precisamente elevar el caso ante el máximo tribunal del país y si este lo aprueba, Obama puede pronunciarse sobre el asunto.
‘Esta demanda no es porque estemos en su contra, sino para que pueda utilizar su autoridad para emitir una orden ejecutiva que frene las deportaciones’, puntualizó la activista.
Entre los menores demandantes está Cecia Sosa, de 12 años, cuya madre se encuentra en un centro de Inmigración en Pompano Beach, al norte de Miami, desde el 19 de diciembre de 2008.
Sosa anunció que está dispuesta a iniciar una huelga de hambre la próxima semana, como medida de presión para que liberen a su madre nicaragüense.
‘A mí no me importa morir con tal de que saquen a mi mamá de ese centro’, afirmó.
Katherie Ramírez, de 13 años, hizo un llamamiento a Barack Obama para que evite la fragmentación de las familias hispanas, tal como le sucedió a la suya cuando su madre fue deportada a Colombia en 2007.
‘Por favor, reunifique a las familias que la ley (de Inmigración) ha separado, porque es duro que un padre no esté con uno’, declaró Ramírez.
La niña ahora está con su padre y dos hermanos y clama el regreso de su madre ‘para que la familia esté unida de nuevo’.
Sandigo aseguró estar esperanzada en que Obama atienda las solicitudes de los menores, ya que ‘viene dispuesto a hacer grandes cambios sociales’ y esos cambios los quieren ver en la comunidad de inmigrantes.
Alfonso Oviedo-Reyes, presidente de la Fraternidad Americana y abogado que preparó la demanda, explicó que la deportación de los padres indocumentados implica una violación a los derechos civiles de los menores.
Antes de 1996, los menores con padres en esa situación tenían el derecho de que un tribunal suspendiera la deportación para que sus progenitores resolvieran su estatus migratorio si demostraban que estaban en el país más de siete años, tenían carácter moral y el sufrimiento de los niños por la ausencia de ellos, detalló el abogado.
‘Ese derecho lo tuvieron por casi 40 años, pero con la reforma migratoria de 1996 se lo quitaron y no le dieron nada a cambio. El Congreso cerró todas las avenidas para obtener una residencia legal y por eso es que ha aumentado el número de inmigrantes indocumentados’, aseveró Oviedo-Reyes.
Pero los niños no sólo afrontan ese problema, tampoco pueden recurrir a los tribunales federales para interponer una demanda colectiva, porque los congresistas también eliminaron la jurisdicción de esas cortes en acciones judiciales conjuntas relacionadas con inmigración y la concentró en el Tribunal Supremo.
Por ello, los abogados de los demandantes han solicitado, asimismo, a esa corte que ‘ignore’ la disposición y ordene a los tribunales federales que acepten ese tipo de demanda.
Si logran que el Supremo autorice su petición, pueden ampliar la demanda para que se sumen entre cuatro y cinco millones de menores en todo el país.
Una demanda similar fue presentada en 2007 contra el entonces presidente George W. Bush, los Departamentos de Justicia, de Seguridad Nacional y la oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), pero fue rechazada por el Tribunal Supremo.
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