La Policía Nacional ha detenido en Gijón a una colombiana de 42 años, a una asturiana de 41 y a un marroquí de 34 como presuntos integrantes de una red que estafó más de 600.000 euros a unos quinientos inmigrantes, a los que pedían entre mil y mil quinientos euros por arreglarles supuestamente los papeles para residir y trabajar en España.
La mayoría de las víctimas son colombianos, marroquíes y senegaleses, informa la Policía Nacional, que ha culminado así la denominada ‘operación Torre’ de lucha contra la inmigración ilegal.
La investigación se inició en junio del año pasado, mediante la denuncia e informaciones proporcionadas por víctimas, que alertaban de que varias personas se ofrecían a regularizar la situación de los extranjeros en España ofreciéndoles servicios de asesoramiento y de realización de trámites jurídicos a cambio de una contraprestación económica.
A raíz de dichas informaciones, los agentes iniciaron de inmediato las investigaciones sobre un Centro de Gestión de Gijón, que cambiaba de sede con frecuencia y cuyos empleados parecían estar dedicados a ‘captar’ a ciudadanos extranjeros con promesas de residencia y de trabajo.
Su modo de operar consistía en contactar con los extranjeros, mediante anuncios colocados estratégicamente en locutorios, cabinas telefónicas, lugares de encuentro y en periódicos dedicados a ofertar empleo, e incluso les abordaban en la vía pública ofreciéndoles cobertura legal para dejar de estar irregulares.
De este modo, se les prometía la concesión de la autorización de residencia y trabajo, ocupando puestos de los denominados de ‘difícil cobertura’, aquellos en los que los empleados tienen dificultades de contratación por no encontrar nacionales dispuestos a desempeñarlos.
En el transcurso de la investigación se comprobó que la cabecilla de esta red era un mujer vecina de Gijón que figuraba como administradora única de seis empresas con sede social en una localidad de Alicante cuyo objeto social era la construcción y rehabilitación de inmuebles, y que está siendo buscada.
Se pudo constatar que estas sociedades carecían de actividad alguna, constituyendo empresas ficticias y por tanto sin la posibilidad de dar ocupación en ellas a ciudadanos extranjeros, a quienes engañaban presentando su oferta de empleo en cualquier Delegación o Subdelegación del Gobierno, con un fin meramente recaudatorio y fraudulento.
Con la simple presentación de la solicitud, sellada con el registro de entrada, justificaban la formalización de su oferta y exigían a los extranjeros la entrega del segundo plazo de la cantidad previamente acordada.
Finalmente, las víctimas, ante la demora de los trámites y la imposibilidad de localizar a los responsables de las compañías empleadoras, tuvieron la sospecha de haber sido engañadas, por lo que algunos perjudicados decidieron poner estos hechos en conocimiento de la Policía.
Las solicitudes de las víctimas habían sido presentadas no sólo en Oviedo, sino también en diversas ciudades españolas como Avila, León, Palencia, Salamanca, Albacete, Madrid, Alicante y Murcia, donde esta organización también desplegó su operativa fraudulenta.
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